Cruz Roja Internacional

Cómo mejorar el acceso a la justicia de las personas migrantes

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW por sus siglas en inglés) y la organización Sin Fronteras IAP presentan libro sobre Acceso a la Justicia de Personas Migrantes, Refugiadas y Otras Sujetas de Protección Internacional para reflexionar sobre el rol del poder judicial en la garantía de derechos fundamentales.

Ciudad de México, 7 de abril (MaremotoM).- Las personas migrantes enfrentan múltiples consecuencias humanitarias derivadas de la violencia presente en los países de origen, tránsito y destino. Las más recurrentes son: extorsión, reclutamiento forzado, robos, secuestros, desaparición, violencia sexual, trata de personas, detención sistemática, denegación a servicios esenciales y discriminación.

A ello se suman importantes desafíos para garantizar su acceso a mecanismos de protección y derechos, entre ellos, a la justicia. Ante esta situación, los poderes judiciales juegan un papel fundamental ya que se vuelven actores claves para revertir estos escenarios, comentaron especialistas durante el lanzamiento de la publicación Acceso a la Justicia de Personas Migrantes, Refugiadas y Otras Sujetas de Protección Internacional, que tuvo lugar en Ciudad de México.

“La movilidad humana seguirá siendo uno de los mayores retos humanitarios del siglo. La migración es una realidad desde el inicio de la humanidad y los movimientos migratorios continuarán ocurriendo. Ante este escenario, los impartidores de justicia tienen un papel fundamental, pues a través del ejercicio independiente de su labor, pueden contribuir que las personas migrantes puedan hacerlo en un entorno más seguro y que gocen de manera efectiva de sus derechos”, dijo Olivier Dubois, jefe de la delegación regional de CICR para México y América Central.

En un esfuerzo por describir y analizar el papel que ha tenido el poder judicial en la protección y garantía de los derechos humanos de las personas en el contexto de la movilidad humana, el CICR para México y América Central, el CMW y Sin Fronteras IAP, presentaron este libro que reúne artículos cortos escritos por personas expertas de las Américas con experiencias diversas:  jueces y juezas, litigantes, defensores y defensoras de derechos humanos, académicos y personas que trabajan en organizaciones internacionales y regionales.

El texto congrega miradas que muestran la diversidad de interpretaciones sobre los retos en el acceso a la justicia que persisten, así como los avances regionales. La publicación ofrece un análisis comparado de las principales temáticas resueltas por los tribunales en materia de movilidad humana y los desafíos que enfrentan diferentes países al resolver sobre los mismos asuntos.

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“Muchas de estas resoluciones han participado en el Premio Sentencias Acceso a la Justicia de Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, organizado anualmente para visibilizar buenas prácticas de jueces, juezas, cortes y tribunales de todo el continente. A lo largo de las ediciones del concurso, se han recibido de 250 sentencias de los distintos países de América Latina, entre ellos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Canadá, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y México”, explicó Ana Saiz, directora de Sin Fronteras IAP.

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La primera parte del libro aborda -entre otros temas- las barreras que suelen enfrentar las personas migrantes y sus familias al acceder a la justicia como lo son la falta de documentación que acredita una estancia regular, las condiciones en las que viajan, el desconocimiento del idioma, las leyes y la cultura.

En el libro también se hace énfasis en la importancia de tener un enfoque psicosocial en la atención de estos casos. Además, ofrece un análisis sobre las normas y estándares del derecho internacional.  Finalmente, se estudian sentencias emblemáticas de impartidores de justicia en la región que han resuelto sobre derechos como la protección internacional, la libertad personal, la libre circulación, entre otros.

“Estos textos invitan a una reflexión sobre los avances encontrados y los desafíos que persisten para el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de movilidad, entre los que destaca la necesidad de encontrar espacios de diálogo y discusión sobre las mejores prácticas al momento de litigar casos”, indicó el CMW.

El CICR, fundado en 1863, es una organización humanitaria independiente, neutral e imparcial que brinda protección y asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia, y promueve el respeto del Derecho Internacional Humanitario. Cuenta con 20.000 empleados que trabajan en 100 países del mundo.

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