Lula Da Silva

¿Hasta cuánto aguantan las democracias?

De un lado, la anulación de las condenas contra Lula da Silva. Del otro, la detención de Jeanine Áñez. Si bien la simultaneidad no es más que obra del destino, estos temas tienen un punto de contacto que es el vínculo poco saludable entre justicia, poder y política en América Latina.

Ciudad de México, 15 de marzo (MaremotoM).- Te quiero contar una historia. Hace más de un año, la noche del sábado 9 de noviembre de 2019, estaba por terminar de escribir una nota para Cenital sobre la liberación del expresidente Lula mientras empezaban a crecer los levantamientos policiales en contra de Evo Morales en Bolivia.

En ese momento, le escribí a Iván Schargrodsky diciendo que la cosa se había puesto brava, que iba a ser mejor redefinir el artículo. El domingo siguiente, recibí un mensaje de Iván: “Me parece que está tomando un color castaño oscuro, por no decir negro total, lo que está pasando en Bolivia”. “Me dicen que renuncia ya. Desastre”, le respondí.

Ahí fue que descarté lo que había escrito sobre Brasil y redacté otra nota sobre Bolivia que salió publicada al día siguiente. Iván, con criterio editorial, me sugirió un cambio: que incluyera “golpe de Estado” en el título para no dejar la definición perdida en el cuerpo del texto. La decisión me dio un poco de vértigo pero estuve de acuerdo. Un año más tarde, le reconozco el acierto.

La semana pasada dos movimientos políticos de alto impacto para la región volvieron a coincidir en Brasil y Bolivia. De un lado, la anulación de las condenas contra Lula da Silva. Del otro, la detención de Jeanine Áñez. Si bien la simultaneidad no es más que obra del destino, estos temas tienen un punto de contacto que es el vínculo poco saludable entre justicia, poder y política en América Latina.

Bolivia
Elecciones en Bolivia. Foto: Cortesía DW

En la madrugada del sábado, Áñez, algunos de sus ministros, varios líderes opositores y ex altos mandos de Fuerzas Armadas y Policía fueron detenidos –algunos de ellos todavía se encuentran con pedido de captura– acusados de sedición, terrorismo y conspiración. La denuncia la hizo en diciembre pasado la exdiputada del MAS Lidia Patty después de la asunción de Luis Arce contra el ultraconservador Luis Fernando Camacho, que hace una semana fue electo gobernador de Santa Cruz con más del 55% de los votos. Todos están acusados de haber contribuido con el golpe de Estado.

Por el momento, no está claro si la decisión de la justicia reabrió un debate jamás cicatrizado entre los bolivianos sobre la existencia de un golpe de Estado en 2019 o si, por el contrario, llegó para cerrarlo.

Evo Morales
Evo Morales, pintada. Foto: Facebook

Las imágenes de Áñez detrás de las rejas dominaron las redes sociales de los seguidores de los líderes de izquierda con mensajes en plan karma’s a bitch o, dicho en criollo, “todo vuelve”. Un festejo un tanto arriesgado si pensamos en el posible impacto político que puede llegar a tener la decisión de la justicia en la frágil democracia boliviana.

Pienso que el arresto de Áñez no es una muestra del avance eficiente de los órganos judiciales en el esclarecimiento de un hecho aberrante en Bolivia como fue la toma del poder político por la fuerza por parte de un sector de la oposición al MAS con complicidad del Ejército y la Policía. Tampoco creo que sea el mejor camino para llegar a condenar a los responsables del asesinado de los 30 manifestantes de Senkata y Sacaba, sino que más bien es una muestra de la velocidad con que el poder judicial en Bolivia se acomoda al clima político de la época. Del mismo modo que lo hizo cuando salpicó con decenas de causas al expresidente Morales así como sus exministros, diputados, senadores y referentes políticos del MAS durante el tiempo en que gobernó Áñez.

Pablo Stefanoni, doctor en Historia y autor de varios libros sobre política boliviana, escribió un artículo de opinión provocativo que tituló: “¿Cómo evitar un lawfare de izquierda en Bolivia?”. Stefanoni dice que la causa contra Camacho, Áñez y sus ministros corre riesgo de mezclar la incitación al golpe con el gobierno que lo sucedió. “En lo primero, Áñez y varios de sus ministros no tuvieron ningún papel. Y en lo segundo no lo tuvo el cruceño Luis Fernando Camacho, que sí fue una figura clave de los acontecimientos de noviembre”, sostiene Stefanoni.

No pienso que pueda existir algo como un “lawfare de izquierda”, menos en el caso de Bolivia, aunque ¿qué pasa si aplicamos este concepto en un país como Venezuela? Ese es otro tema. Tampoco creo que Pablo apunte a eso sino que intenta llamar la atención sobre la necesidad de que los opositores sean investigados hoy más que nunca con pleno respeto al debido proceso.

En todo caso, lo cierto es que no sirve de mucho comparar una causa sin ninguna prueba fuerte como fue el supuesto recibimiento de un departamento a modo de soborno que llevó a Lula a casi dos años de prisión con haberse hecho del poder político de manera inconstitucional y por medio del uso de la fuerza.

La pregunta es cómo debe avanzar la izquierda y el progresismo en términos judiciales una vez que recupera el poder político. ¿Es posible que pueda contribuir para que la justicia defina sin presiones de ningún tipo ni arbitrariedad? ¿Tiene la izquierda alguna posibilidad de contribuir desde el poder a que las causas avancen en base al respeto de las garantías procesales?

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Hace unos meses, un informe de Human Right Watch pidió retirar a la Fiscalía boliviana los cargos de terrorismo contra Evo Morales por considerar que eran desproporcionados. El viernes pasado, el director de esa misma institución cuestionó los pedidos de detención contra Áñez y sus ministros porque “no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo” y agregó que “la ambigua figura de terrorismo se presta a arbitrariedades” e insistió también en que se levanten las demandas contra el expresidente Morales por el mismo motivo.

Mujeres indígenas de Bolivia
La gestión Trump y su artefacto hegemónico pretende recuperar Latinoamérica con el brazo evangélico mesiánico. Foto: Cortesía

Vinculado a lo anterior quiero marcar una diferencia importante. En el caso de Morales, la denuncia de terrorismo es por llamar a cortar las rutas. En el de Áñez, se los acusa de terrorismo por haber incitado un golpe de Estado. ¿Está la democracia boliviana lo suficientemente fuerte como para resistir a estos cimbronazos?

Estos partidos o movimientos no van a desaparecer, así que dejen de intentarlo

La democracia, como escribió Adam Przeworki, no es ni más ni menos que un marco dentro del cual un grupo de personas mas o menos iguales y más o menos libres pueden luchar en forma pacífica por mejorar el mundo de acuerdo a sus diferentes visiones, valores e intereses.

En Brasil la situación es otra. No cambió el color político del gobierno pero cambiaron las cosas. Nadie en Brasil esperaba la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin de anular las condenas contra Lula. La decisión del STF no parece estar atada directamente a los vaivenes de la política lo que no quita que no responda a otro tipo de dinámicas como a la de la complicidad de los magistrados de la Corte Suprema con la corporación judicial. Fachin decide anular la condenas contra Lula un día antes de intentar salvar al exjuez federal Sergio Moro en el juicio por “imparcialidad”.

Lula y Chico
Lula y Chico. Foto: Cortesía

Esto refuerza la hipótesis del PT que más que un paso en dirección al esclarecimiento de una condena llena de arbitrariedades contra el expresidente, es posible que haya existido un intento de encapsular la imparcialidad de Moro al caso Lula para impedir que el debate de fondo manche toda la causa Lava Jato. O, lo que sería aún peor, un intento de un magistrado de la Corte por salvar de la cárcel a Moro.

El politólogo Andrés Malamud planteó en un podcast que tiene junto a María Esperanza Casullo que “lo que estamos viendo en Brasil es que hay varios sectores que funcionan a los tumbos defendiendo intereses muy chiquititos. No hay un plan general para decir: metamos preso a la izquierda. Y esto lo quiero distinguir de Bolivia y de Ecuador.

En Bolivia, porque hubo un golpe de Estado y en Ecuador porque el que ganó las elecciones, Lenín Moreno, hace tiempo era el candidato de Correa, después lo traiciona. Y Correa es juzgado cuando pierde el poder no cuando lo tiene. Lo raro de Lula es que es juzgado mientras su partido tiene el poder todavía y, por lo tanto, se me hace difícil pensar que hay una maquinación por arriba de todo que es capaz de poner presos a los líderes populares. Hay un problemita que va más allá de eso, más allá de los planes”.

Luis Arce
México felicita a Luis Alberto Arce Catacora por su asunción como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Foto: Cortesía

Si hablamos del uso de la justicia con fines políticos en Brasil, es bueno recordar que el candidato a presidente en 2014 por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, inició un proceso ante el Tribunal Supremo Electoral contra la fórmula Rousseff-Temer argumentando que la campaña del PT se había financiado con dinero de Odebrecht.

El intento constante de ciertos sectores conservadores de erradicar de la vida política por la vía judicial a los partidos y líderes de izquierda y progresistas una vez que pierden el poder, más cuando éstos pasan a ser la principal fuerza de oposición, no le hace daño a la izquierda, le hace daño a la democracia entera. Esto fue lo que escribió Casullo en la última entrega de su newsletter: “Estos partidos o movimientos no van a desaparecer, así que dejen de intentarlo”.

Entonces, se trata de intentar construir un vínculo menos amañado entre poder político y la justicia. ¿Pueden, en el caso que así lo quieran, avanzar en esa dirección o por el contrario su capacidad de incidencia en los tribunales es casi imperceptible?

Posiblemente estén pensando que la pregunta esconde cierta ingenuidad, que ya está todo bastante contaminado y que lo mejor dentro de lo posible es tomar las cosas así como están y conformarse con cambiar de dirección los cañones. Tal vez tengan razón pero quiero pensar que existe algo mejor, que puede haber otro tipo de vínculo entre justicia, política y poder en América Latina para que el sentimiento de injusticia, como dice el sociólogo François Dubet, no se transforme en resentimiento sino en razones para esperar.

Fuente: Cenital / Original aquí.

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