J.Jesús Lemus

LECTURAS | El fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, de J.Jesús Lemus

Solo entre el 2018 al 2021, los índices de impunidad registrados en México han colocado a nuestro país en los primeros cinco de los 100 que registran una mayor deficiencia en la persecución de delitos en todo el orbe. Este es el tema de este libro: desentrañar las razones por las que hoy la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular Alejandro Gertz Manero, continúan con la tendencia de impunidad marcada desde el pasado.

Ciudad de México, 19 de agosto (MaremotoM).-Durante los primeros tres años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, no se ha logrado revertir la tendencia al alza de los índices de impunidad. Como justificante de ello, oficialmente se acusa a la inercia del estado de descomposición social heredado de las dos anteriores administraciones federales, manifiesto principalmente en actos de corrupción del Poder Judicial Federal, sin poner atención y sin señalar siquiera la escasa actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) convertida ahora en Fiscalía, que es el primer órgano procurador de justicia.

Solo entre el 2018 al 2021, los índices de impunidad registrados en México han colocado a nuestro país en los primeros cinco de los 100 que registran una mayor deficiencia en la persecución de delitos en todo el orbe. Este es el tema de este libro: desentrañar las razones por las que hoy la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular Alejandro Gertz Manero, continúan con la tendencia de impunidad marcada desde el pasado.

¿Cuáles son los motivos del fiscal Gertz Manero para continuar con la política de impunidad marcada desde hace tres administraciones priistas y dos panistas? ¿De qué tamaño son los compromisos que impiden al Fiscal desempeñar sus funciones? ¿Es falta de capacidad o exceso de compromisos lo que hacen de Gertz uno de los funcionarios más grises de la Cuarta Transformación? ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador se empeña en protegerlo? ¿Por qué el Fiscal es prácticamente inexistente? ¿Quién es en realidad Alejandro Gertz Manero? Esas son las principales preguntas a las que este libro busca dar respuesta.

J.Jesús Lemus
Editó Harper Collins. Foto: Cortesía

 Fragmento de El fiscal imperial, de J.Jesús Lemus, con autorización de Harper Collins 

Los desaparecidos…  el alejamiento de la 4T

Hay un tema en el que la Fiscalía General de la  República que dirige Alejandro Gertz Manero no camina acorde al discurso de la Cuarta Transformación: el de los desaparecidos. Da la impresión de que el órgano encargado de dar justicia a la gente se aleja cada día más de las causas populares que mueven al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras este sale todos los días a exponer el humanismo con el que se conduce la nueva administración del país, parecería que el titular de la FGR hace todo lo necesario para caminar en sentido contrario en su tarea de procurar justicia.

El efecto que la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR le  causa  a  la  Cuarta  Transformación  es  innegable .  No  sólo  por la procuración de justicia a modo, demostrada a lo largo de estas páginas, sino por su distanciamiento de un tema tan sensible como es el de buscar justicia para las víctimas directas e indirectas del fenómeno  de  la  desaparición  forzada,  un  lastre  que  desde  diciembre  de 2006, cuando inició la llamada guerra contra el narco, hasta septiembre  de  2021  ya  registraba  un  padrón  de  por  lo  menos  196  mil  500 personas desaparecidas, 144 según lo refiere una respuesta oficial emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), dada a conocer el 15 de marzo de 2022.

Frente a esa cifra, la Fiscalía General de la República y su antecesora, la Procuraduría General de la República, apenas reconocen la existencia de 2 mil 884 carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas, a partir de las cuales se realizan supuestas labores de investigación para dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada. En otras palabras, según las estadísticas de la CNB, la autoridad federal procuradora de justicia sólo busca a uno de cada 100 desaparecidos en México. En  las fiscalías estatales,  las  víctimas  de  desaparición  forzada  y sus familias no corren mejor suerte. Allí es peor. Las fiscalías estatales suman un total de mil 582 carpetas de investigación o averiguaciones previas, las cuales se han integrado frente a la cifra de casi 200 mil desaparecidos. Es decir, los gobiernos estatales apenas buscan a ocho de cada mil desaparecidos.

El calvario que tienen que vivir las personas que han sufrido la desgracia de la desaparición de un familiar y que han acudido ante la FGR para solicitar —como corresponde a su derecho— la integración de una averiguación para que se dé formal trámite a la búsqueda, es indecible. Los familiares viven una doble victimización: aparte de  su pena  por  la  desaparición,  deben  lidiar  con  la  insensibilidad,  el  despotismo  y  la  prepotencia  que  parece  institucionalizada  entre  los  agentes  del  Ministerio  Público  federal .  A  ello  se  agrega  que  en  muchos casos los propios agentes de la FGR, tanto ministerios públicos  como  policías  ministeriales,  están  coludidos  con  los  grupos  del  crimen  organizado  responsables  de  muchas  de  las  desapariciones forzadas. La colusión entre funcionarios de la FGR con miembros del crimen organizado es un vicio que no ha podido erradicarse, aun con la  llegada  de  Alejandro  Gertz  Manero  al  frente  de  la  dependencia. Por  supuesto  que  no  hay  cifras  oficiales  de  los  funcionarios  de  la  FGR que trabajan en coordinación con y a veces supeditados a, los intereses de los grupos delincuenciales, pero una fuente en el interior de la fiscalía —anónima, por las obvias razones de miedo a las represalias— apunta que por lo menos “dos de cada diez agentes del Ministerio  Público  y  al  menos  cuatro  de  cada  diez  policías  ministeriales trabajan bajo la sospecha de estar coludidos con miembros de la delincuencia organizada, principalmente grupos dedicados al trasiego de drogas”. Con  esta  aproximación  se  puede  establecer  que,  de  los  189  agentes  del  Ministerio  Público  que  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI)145  reconoce  que  tenía  la  FGR  cuando  Alejandro Gertz Manero asumió la titularidad de esa dependencia, por lo menos 37 estaban o están coludidos con miembros del crimen  organizado. De ahí la resistencia  —fincada  en  el  miedo—  de  muchas  familias  de  desaparecidos  para  presentar  la  denuncia  correspondiente ante la autoridad federal, lo que también es otro de los graves problemas que se presentan en la crisis de desaparición forzada que vive México.

La justicia, por ningún lado

Laura María Orozco sabe lo doloroso que es tener que estar mendi­gando justicia. Desde 2008 ha sido visitante asidua de las agencias del Ministerio Público federal. Ya son más de 14 años de estar reclamando ayuda para la búsqueda de su padre y dos hermanos que se encuentran desaparecidos . Para Laura María, el cambio de modelo de gobierno  que  sucedió  en  México  a  partir  de  2018,  con  la  llegada  de  Andrés  Manuel  López  Obrador  y  la  consecuente  designación  de  Alejandro  Gertz  Manero  como  titular  de  la  Fiscalía  General de la República, en realidad no ha significado ningún cambio . “Al menos en cuestión de procuración de justicia, el gobierno de la Cuarta Transformación es lo mismo que los llamados gobiernos  neoliberales;  no  hay  nada  nuevo,  es  la  misma  inoperancia  de  siempre . La misma forma de ignorar a la gente y la misma intención de criminalizar a las víctimas”, explica, mientras asoma un dejo de dolor en su mirada. Ella  sabe  de  lo  que  habla.  Desde  2008,  a  la  par  de  emprender  una  búsqueda  intensa  de  su  padre  y  hermanos  desaparecidos,  ha  iniciado un largo peregrinar por las agencias del Ministerio Público . Su caso —el de la desaparición de su padre y dos hermanos— no ha querido ser atendido por la Fiscalía General de la República. En esa instancia quieren que la responsabilidad de la investigación corra por cuenta de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán . Pero en este  estado,  donde  se  dio  la  desaparición  de  los  familiares  de  Laura María Orozco, tampoco hacen nada por buscarlos . Allí, bajo argumentos poco  cautos,  más  bien  han  pretendido  criminalizar  a  los tres desaparecidos, como si ese solo hecho deslindara a la fiscalía estatal de su responsabilidad .

La desaparición del padre de Laura María, don Leonel Orozco Ortiz, ocurrió el 3 de julio de 2008. “Ese día”, cuenta ella, “llegó un comando armado a la casa, en Uruapan, Michoacán. El comando era un grupo de policías de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado. Llegaron en forma violenta. Llegaron preguntando por mi papá. Él salió para atender a quienes lo buscaban. Le dijeron de una supuesta orden de aprehensión y con violencia lo sacaron de la silla de ruedas en la que estaba”. Acto seguido toda la familia fue sometida violentamente. A todos los colocaron boca abajo en el suelo. A todos los encañonaron con armas de fuego y los amenazaron de muerte.

La familia tuvo noticias a sólo tres días de la desaparición forzada  de  don  Leonel  Orozco  Ortiz:  los  secuestradores  llamaron  para solicitar un rescate millonario y también pidieron las escrituras de todas las propiedades de la familia . Al final únicamente se acordó la entrega de un rescate de varios millones de pesos, pero los delincuentes no respetaron el arreglo . “Nunca más volvieron a llamar y menos regresaron a mi papá”, explicó Laura María, quien cuenta  con  elementos  para  suponer  que  el  secuestro  fue  obra  del  cártel de Los Caballeros Templarios, quien pudieron haber mantenido a su papá en un algún domicilio del municipio de Los Reyes, Michoacán. Los elementos de prueba que tenía la familia sobre el secuestro de don Leonel Orozco Ortiz, obtenidos con base en sus propias investigaciones, fueron entregados a la autoridad ministerial de Michoacán,  donde  no  se  hizo  nada  por  llevar  a  cabo  las  pesquisas. Ante esa situación, se solicitó la intervención de la entonces Procuraduría General de la República, cuya representación en Michoacán fue  totalmente  omisa,  ya  que  ni  siquiera  quiso  integrar  la  debida  averiguación previa .Casi  un  año  después  del  secuestro  de  don  Leonel  Orozco  Ortiz, la familia de Laura María viviría otra tragedia: el 18 de abril de 2009, el menor de los hermanos, Leonel Orozco Medina, de 17 años de  edad,  el  mismo  que  buscó  rescatar  a  su  papá  cuando  se  lo  llevaron elementos de la Policía Ministerial de Michoacán, fue desaparecido . A Leonel hijo lo secuestró un grupo de la Policía Federal Preventiva (PFP) . Lo detuvieron en un retén en la ciudad de Uruapan, obedeciendo —en versión de testigos— a una supuesta orden de investigación dictada desde la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, donde se le señalaba de ser miembro del crimen  organizado.  Nada  más  alejado  de  la  realidad,  pues  Leonel  Orozco Medina se dedicaba a la producción agrícola, heredada de su padre. De nueva cuenta, la familia de Laura María tenía que insistir ante la entonces Procuraduría General de la República para que atrajera las investigaciones, pues —con justa razón— se dudaba de la honesta actuación de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, la cual —así lo demuestran diversas evidencias— en ese tiempo estuvo infiltrada por miembros del cártel de Los Caballeros Templarios. Pero  la  PGR  de  Eduardo  Medina­ Mora  se  negó  a  iniciar  la  debida averiguación previa, sólo por la criminalización que hizo de la víctima la propia Procuraduría General de Justicia de Michoacán.

Allí no terminaron las desgracias para la familia de Laura María Orozco.  El 22 de mayo de 2012 otro de sus hermanos también fue desaparecido.  A Moisés Orozco Medina lo detuvo la policía municipal de Los Reyes, Michoacán, argumentando una supuesta “revisión de rutina”. Moisés todavía pudo hacer una llamada telefónica . Le habló a su hermana Laura María para decirle que la policía municipal lo había retenido y que temía por su vida. Esa fue la última vez que se supo de él. Otra vez el mismo peregrinaje por las agencias del Mi­nisterio Público de la Procuraduría de Michoacán y de la delegación de  la  PGR  en  ese  estado.  La respuesta  fue  la  misma:  sólo  omisión  y descargo de responsabilidades .Laura María, hoy convertida en activista de derechos humanos, no ha quitado el dedo del renglón . Sigue insistiendo ante la instancia oficial para que se integren las debidas carpetas de investigación, a fin de que el gobierno federal cumpla con su responsabilidad de darles acceso a la justicia a sus tres desaparecidos y a su familia, que los sigue llorando.

Con la llegada de la Cuarta Transformación, Laura María Orozco pensó que las cosas cambiarían. Por momentos creyó en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se había terminado  el  México  de  la  impunidad .  Hasta vio  con  buenos  ojos la llegada de Alejandro Gertz Manero como titular de la nueva Fiscalía General de la República. Pero se ha estrellado contra la realidad.  En la FGR les siguen negando la posibilidad de iniciar las debidas carpetas de investigación para  esclarecer  los  hechos  y  comenzar  con  las  pesquisas  ministeriales que permitan conocer el paradero de don Leonel, de Leonel hijo y de Moisés . Laura María no pierde el piso . Sabe que a estas alturas de las desapariciones de su padre y sus hermanos es difícil hallarlos con vida . Por eso se conforma con dar con los responsables de esas desapariciones, a fin de que puedan pagar ante la justicia el daño que han hecho.

Dice que la alegraría mucho, por lo menos, poder encontrar los cuerpos de sus familiares para darles un lugar donde descansen tras su fatigosa desaparición. Esa es la única esperanza a la que se abraza todos los días para seguir insistiendo ante la FGR que atraiga esas investigaciones. Pero en la FGR, pese a los toquidos, nadie abre la puerta, y ella prosigue sin tregua. Periodistas dos veces desaparecidos Se cuentan por decenas de miles los casos en que la nueva FGR sigue negándose a iniciar labores de investigación que permitan emprender la búsqueda de personas desaparecidas. Sólo un mar de tinta y papeles podría dar cuenta pormenorizada de cada uno de esos hechos. Sin embargo, hay dos sectores de la sociedad en donde la indolencia del fiscal Alejandro Gertz Manero resalta de manera clara, como si negar el acceso a la justicia fuera una política de Estado: el de los periodistas desaparecidos y el de los buscadores de familiares que acabaron asesinados por emprender por su cuenta esa penosa búsqueda.

En el caso de los periodistas desaparecidos, no existe una sola carpeta de investigación que la FGR haya abierto para oficializar las labores de búsqueda, pese a que ese es un problema por demás sensible. Hasta el cierre de este trabajo, ya eran 24 los comunicadores desaparecidos entre los años 2000 y 2018, antes de que Gertz Manero asumiera el cargo de fiscal. Desde que él es titular de la FGR se han registrado otras dos desapariciones de comunicadores, en 2021.

En total, al día de hoy, la Fiscalía General de la República debería estar buscando el paradero de 26 comunicadores que sufrieron desaparición forzada en razón de su labor informativa. Sin embargo, aun cuando no se ha abierto ninguna carpeta de investigación sobre dichas desapariciones forzadas, la FGR reconoce la existencia únicamente de cinco expedientes que contienen información sobre cinco periodistas desaparecidos. Esos expedientes ni siquiera se encuentran en los archivos de la FGR, sino que son parte los trabajos que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a cargo de Karla Quintana. De acuerdo con una respuesta oficial emitida por la FGR el 9 de septiembre de 2021, esa dependencia reconoce que en su haber, “después de una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos con los que se cuenta, no fue posible localizar expresión documental”sobre ese tema.

Sin embargo, en ese mismo documento oficial de la FGR se establece que, dentro de esa dependencia, los únicos expedientes de periodistas desaparecidos de que se tiene conocimiento son los que le refiere la CNB. Y señala que esa instancia integró cinco expedientes relativos a la desaparición de comunicadores: uno en 2010, dos en 2011, uno en 2012 y otro más en 2020. Respecto a este último expediente, la FGR reconoce que le fue entregado a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ya en la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero, expediente que fue integrado el 17 de agosto de 2005 pero reconocido por la FGR hasta el 22 de mayo de 2020, esto luego de una resolución de incompetencias jurisdiccionales. Frente a los 26 casos de desaparición forzada de comunicadores, la existencia de apenas cinco expedientes de periodistas desaparecidos, y sólo uno de ellos entregado a la FGR por parte de la CNB a través de la FEADLE, ya supone por sí mismo un problema de operatividad de la procuración de justicia. No obstante, acotemos las suposiciones. Es un hecho irrefutable que, de los 26 periodistas que desde el año 2000 hasta el cierre de este trabajo han desaparecido como si se los hubiera tragado la tierra, a ninguno lo está buscando la autoridad federal, y no por falta de jurisdicción, sino porque simplemente no existe la voluntad para ello por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero. Esta falta de acción de la FGR, según una fuente del interior de la dependencia, se sustenta —para efectos de autoconmiseración oficial— en el hecho subjetivo de que ellos, los periodistas desaparecidos, no midieron los riesgos a los que se enfrentaban, y que actuaron en su labor profesional sin medidas de precaución, como si ello fuera una atenuante para el Estado en su obligación de procurar justicia.

En efecto, algunos familiares de los periodistas desaparecidos y no buscados por la FGR han recibido como respuesta a sus reclamos de impartición de justicia el estéril argumento de que las víctimas desaparecidas sabían el riesgo que estaban enfrentando al hacer su labor informativa sin “medición de riesgo” —así lo dijo un agente del Ministerio Público de la Federación a una viuda que reclamaba la búsqueda de su esposo—, argumentando en ese caso en particular, registrado en Michoacán, que ese estado es una región de alto riesgo para el ejercicio periodístico, pero ¿cuál estado de todo el país no es una zona de alto riesgo para los periodistas? A causa de la omisión de la FGR, las y los periodistas que integran la lista negra de desaparecidos ni siquiera cuentan con un protocolo especial para su búsqueda y ubicación. Y es que todos ellos están incluidos dentro del grupo poblacional general que compila el gobierno federal dentro del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el cual tampoco opera en la búsqueda de las víctimas bajo un protocolo determinado. Según la Secretaría de Gobernación, hasta el 31 de mayo de 2022 el número oficial de desaparecidos en México ya era de 100 mil 467 personas, de las que oficialmente 37 mil 172 contaban con carpetas de investigación para su localización en el fuero común (procuradurías y fiscalías de los estados), mientras que otras mil 231 tenían carpetas de investigación en el fuero federal (FGR). Así, los 26 periodistas desaparecidos, 23 hombres y tres mujeres, cuyas investigaciones no han querido ser radicadas en la FGR, apenas representan el 0.02 por ciento de todos los desaparecidos.

De modo que, en medio de un mar de personas desaparecidas a causa de la violencia, se puede observar pero no entender la razón por la que la búsqueda y localización de los comunicadores sin paradero no significan una prioridad para el gobierno federal. Sin embargo, esa omisión también puede entenderse como el desprecio más claro que manifiesta el Estado mexicano, a través de la FGR, hacia el gremio periodístico. Un desprecio que —se observa en la práctica— se manifiesta con la menor de las preocupaciones oficiales por la búsqueda de sus periodistas, en donde se registra un cien por ciento de impunidad. Para ser puntuales, hay que señalar que el número de desapariciones de periodistas se concentra sólo en 11 estados del país, los que por coincidencia son los que registran los índices de violencia más altos, y que por lo mismo han sido foco de una intensa labor informativa. Ese reclamo de información ha sido alentado principalmente por parte de los grandes medios llamados nacionales, los que también pusieron en riesgo la seguridad de los periodistas desaparecidos al valerse de ellos y ellas como fuentes, guías y/o informantes en la realización de esos trabajos informativos. Pero esa es otra arista del problema. El estado que mayor cantidad de periodistas desaparecidos registra es Tamaulipas, donde —hasta el cierre de 2022— ya eran seis los comunicadores de los que no se sabía nada. Siguen Michoacán y Veracruz, con cuatro reporteros desaparecidos cada uno. En Sonora ya son tres periodistas los desaparecidos, mientras que en los estados de Guerrero y Nuevo León se lleva el registro de dos periodistas sin conocerse su paradero en cada entidad, mientras que en Coahuila, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa y Oaxaca, se registra la desaparición de un periodista, respectivamente. De tal magnitud ha sido la omisión del Estado mexicano sobre el problema de las desapariciones, no sólo de periodistas sino de población en general, que hasta apenas hace menos de cuatro años, en noviembre de 2017, se expidió una ley para establecer como de­lito grave la desaparición forzada cometida por particulares. Hasta antes de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, este delito ni siquiera se contemplaba como sancionatorio dentro de los códigos penales de la mayoría de los estados, y en el de la federación apenas se consideraba como delito no grave. Por esa razón para los grupos criminales, valiéndose de esa laguna jurídica, fue más fácil la desaparición que el asesinato, aunque casi todas las desapariciones implican el homicidio. Por el delito de desaparición, cuando así se contemplaba llanamente, se estipulaban penas de entre cuatro y diez años de prisión, con la posibilidad de que el inculpado pudiera obtener su libertad anticipada, mientras que para el homicidio calificado se establecen penas que van desde diez a 45 años de prisión, sin la posibilidad de la libertad bajo caución. Con la entrada en vigor de la Ley de Desaparición Forzada y las consecuentes reformas a los códigos penales de los estados y la federación, ahora —por el delito de desaparición forzada— se prevé una sanción de 40 a 60 años de prisión, la cual puede aumentar hasta en un 50 por ciento si la víctima es asesinada y recae dentro de la clasificación de migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad, adulto mayor, periodista, defensor de derechos humanos, indígena, servidor del sistema de seguridad pública, o si la orientación sexual de la víctima fue el motivo del delito. También se contempla una sanción de entre 25 y 50 años de prisión para los particulares que incurran en este delito. En lo que hace a la desaparición de periodistas, la entrada en vigor de esta ley tuvo efectos positivos; a partir de 2017 disminuyó considerablemente el número de periodistas desaparecidos, registrándose solamente tres casos hasta marzo de 2022. Antes se registraron 23 casos de desaparición de comunicadores, donde, no sobra decir, la ley no es retroactiva, por lo que en caso de que se detenga a los responsables de las desapariciones de esos periodistas, ocurridas antes del 17 de noviembre de 2017, sólo alcanzarán sanciones mínimas si no se llega a demostrar el homicidio en cualquiera de sus modalidades.

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Los únicos casos de desaparición forzada de un periodista, de esos 26 que han ocurrido en los últimos 20 años, que hasta hoy podrían ser sancionados con severidad —porque ocurrieron ya con la vigencia de la Ley de Desaparición Forzada de Personas— son los de Agustín Silva Vázquez, un joven comunicador que desapareció de la noche a la mañana el 21 de enero de 2018 en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, donde su auto fue encontrado a 40 kilómetros de distancia, en la localidad de Asunción Ixtaltepec, y los de Jorge Molontzin Centlal y Pablo Felipe Romero Chávez. Jorge desapareció el 9 de marzo de 2021 en Caborca, Sonora, mientras que a Pablo la última vez que se le vio fue en Guaymas, Sonora, el 25 de marzo de ese mismo año. La FGR no ha querido atraer los tres casos. En los tres, la FEADLE ha combatido judicialmente para que los casos se arraiguen en las fiscalías locales de Oaxaca y Sonora, donde se dieron los hechos. Agustín Silva, quien trabajaba para El Sol del Istmo, fue visto por última vez en un bar del municipio de Matías Romero, a donde —según la versión de su padre— había acudido en busca de una fuente que le proporcionaría información para un reportaje que estaba haciendo, del que hoy se sabe tenía que ver con la problemática de la tenencia de la tierra y la expansión de los parques eólicos en la zona del Istmo de Tehuantepec; la jefatura de su medio le había encomendado ese reportaje para publicarlo en algunos de los principales periódicos de la cadena de la Organización Editorial Mexicana (OEM). Ante la omisión de la FGR, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca ha querido deslindar la desaparición de Agustín Silva de su actividad periodística, por el solo hecho de que la víctima fue visto por última vez dentro de un bar, pero la evidencia no deja duda de que se trata de un crimen en función de su trabajo, pues al hecho de la investigación de un reportaje al momento de su desaparición se suma que el periodista se había confrontado con miembros del crimen organizado apenas cinco días antes de su desaparición, cuando acudió a cubrir un operativo del Ejército durante el cual se detuvo en posesión de armas reglamentarias a cuatro presuntos delincuentes, cuya defensa legal pidió al periodista acudir en calidad de testigo a favor de sus representados, a lo que el comunicador se negó. Hasta el cierre de este trabajo se desconocía el paradero de Agustín Silva Vázquez. La carpeta de su investigación se encuentra archivada en la fiscalía de Oaxaca y no ha habido poder humano que mueva la pasividad de la autoridad ministerial. Parece como si a nadie, más allá de su familia, le interesara dar con la ubicación de comunicador. Las dependencias oficiales de nivel federal, como la CNDH, la FEADLE o el Mecanismo de Protección de Periodistas, tampoco han hecho nada para buscarlo, más allá de registrar su desaparición con fines estadísticos. Las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos de los periodistas, como RSF y Artículo 19, tampoco han reclamado con vehemencia el derecho a la justicia y el avance en las investigaciones para este y otros periodistas desaparecidos, como se ha hecho en los casos de otros tantos periodistas asesinados. Es curioso el comportamiento de las organizaciones RSF y Artículo 19, que trabajan de la mano de la FGR frente a los casos de periodistas desaparecidos. Desde que estas dos organizaciones de la sociedad civil operan en nuestro país, concretamente entre 2000 y 2022, ninguna ha organizado una protesta masiva de reclamo a la autoridad para esclarecer los casos de los periodistas desaparecidos. Lo que sí ha sido frecuente con sólo algunos casos de periodistas asesinados.

La razón de ese proceder no tiene lógica; tal vez, en su concepción, un periodista desaparecido valga menos que un periodista asesinado, o tal vez el reclamo de localización de un periodista desaparecido sea menos rentable en la búsqueda de presupuestos ante instancias de gobiernos extranjeros o de los corporativos empresariales que financian a estas organizaciones. Lo que es un hecho es que los periodistas desaparecidos son una especie de subclase para organizaciones como RSF y Artículo 19, que cobijan la inoperancia de la FGR al solapar que estos casos no sean seguidos con la misma diligencia con la que se llevan los asesinatos de unos cuantos periodistas. En cada una de las 26 desapariciones que se han registrado en los últimos años, a lo sumo RSF y Artículo 19 emitieron sendos boletines informativos dando cuenta de los sucesos. Los nombres de los y las periodistas aparecen sólo en las estadísticas de las páginas oficiales de las dos organizaciones, pero no existe por parte de ellas una exigencia permanente ante la autoridad, ni mucho menos una labor de investigación que coadyuve en el esclarecimiento de esos casos. Por lo pronto, allí está la estadística que habla por sí sola: la FGR no lleva a cabo una sola investigación de periodistas desaparecidos. Y en los casos donde se ha podido abrir una carpeta de investigación en las fiscalías estatales, todas se encuentran estancadas —en el mejor de los casos— o archivadas en la mayoría de ellos, porque simplemente nadie habla ni clama justicia por estos comunicadores que fueron víctimas de desaparición forzada a causa de su labor periodística, porque realizaban un trabajo incómodo para los poderes económicos y políticos amalgamados con el crimen organizado, y porque al menos en 12 de los 26 casos referidos los periodistas fueron clave en el desarrollo de investigaciones informativas de grandes medios de presencia nacional o internacional. De los seis comunicadores tamaulipecos que se encuentran sin paradero en los últimos 20 años, cinco son considerados periodistas formales, en tanto que otra más se ubica sólo como influencer de redes sociales.

Los cinco periodistas desaparecieron el mismo día, calificado como el más negro para el periodismo mexicano: el 1 de marzo de 2010. Ese día, como si se tratara de una operación coordinada, fueron secuestrados por grupos del crimen organizado Pedro Argüello Reyna, Miguel Ángel Domínguez Zamora y Guillermo Martínez Alvarado, todos trabajadores del periódico El Mañana de Reynosa, así como Amancio Cantú y su hermano José Guadalupe Cantú, del periódico La Prensa. El 15 de octubre de 2014 desapareció María del Rosario Fuentes Rubio, de oficio médico pero de pasión comunicadora. Ella no era periodista ni reportera, sólo publicaba alertas de violencia a través de su cuenta personal de Twitter y era colaboradora de las páginas de Facebook Valor por Tamaulipas y Responsabilidad por Tamaulipas, desde donde también denunciaba anónimamente la colusión entre miembros del crimen organizado y mandos de las fuerzas de seguridad del gobierno federal desplegadas en Reynosa. Todos esos casos han sido ignorados por el fiscal Gertz Manero. Los cuatro periodistas desaparecidos en Michoacán a los que tampoco ha querido buscar la FGR son José Antonio García Apac, propietario del semanario Ecos de la Cuenca, de Tepalcatepec, quien desapareció el 20 de noviembre de 2006; Mauricio Estrada Zamora, del periódico La Opinión de Apatzingán, de quien se dejó de saber desde el 12 de febrero de 2008; María Esther Aguilar Cansimbe, del periódico Cambio de Michoacán, la cual desapareció sin dejar rastro la noche del 11 de noviembre de 2009, y Ramón Ángeles Zalpa, trabajador de los periódicos Cambio de Michoacán y La Voz de Michoacán, quien desapareció en la zona de Paracho la tarde del 6 de abril de 2010. Estas desapariciones tampoco han causado ningún tipo de acción por parte de la FEADLE de la FGR. Sus casos se encuentran archivados dentro de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, donde ha podido más el prejuicio social de algunos funcionarios que su propia obligación de impartición de justicia. Los cuatro comunicadores de Veracruz cuyas búsquedas oficiales también han cesado por parte de la autoridad ministerial local —ante la negativa de la FGR de atraer las investigaciones— y sólo los buscan sus familias, son Jesús Sandalio Mejía Lechuga, del pro­grama de radio MS Noticias del municipio de Martínez de la Torre, quien oficialmente está desaparecido desde el 10 julio de 2003; Manuel Gabriel Fonseca Hernández, del periódico El Mañanero del municipio de Acayucan, desaparecido el 19 de septiembre de 2011; Miguel Morales Estrada, trabajador de los periódicos El Diario de Poza Rica y Tribuna Papanteca, de quien se perdió el rastro el 24 de julio de 2012, y Sergio Landa Rosado, reportero del Diario de Cardel, de quien no se sabe nada desde el 22 de enero de 2013. Los dos periodistas desaparecidos en Guerrero, de los que a la fecha no se sabe nada, son Leodegario Aguilera Lucas, colaborador formal del periódico Mundo Político, quien fue visto por última vez el 22 de mayo de 2004, y Marco Antonio López Ortiz, reportero de Novedades, de Acapulco, cuya desaparición se declaró formalmente el 7 de junio de 2011. Los dos periodistas desaparecidos en Nuevo León son Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, ambos reporteros de TV Azteca Noreste en Monterrey, quienes desaparecieron juntos el 10 de mayo de 2007, en un cruce versiones donde miembros del propio gremio los ha criminalizado a priori, mientras que sus familias acusan el riesgo que asumieron al ser encomendados a trabajos de investigación sobre delincuencia organizada por parte de directivos de la televisora para la que trabajaban. En Sonora aún no se sabe nada de Alfredo Jiménez Mota, reportero del periódico El Imparcial, quien desapareció el 2 de abril de 2005, cuyo caso fue expuesto recientemente ante el presidente López Obrador, que se comprometió a encomendar su búsqueda a la FGR, pero esa dependencia no ha dado visos de acción alguna. En Coahuila siguen sin dar con el paradero de Rafael Ortiz Martínez, periodista del periódico El Zócalo, quien presuntamente fue secuestrado por un grupo delincuencial el 8 de julio de 2006. En Tabasco tampoco nadie sabe nada de Rodolfo Rincón Taracena, periodista del periódico Tabasco Hoy, quien fue declarado formalmente desaparecido el 20 de enero de 2007. En San Luis Potosí sólo sus familiares continúan en la búsqueda de Adela Alcaraz López, la presen­tadora de noticias y reportera de la televisión local Canal 12 CNL Noticias del municipio de Río Verde, quien desapareció el 26 de octubre de 2012. En Sinaloa sigue sin aparecer Mario Alberto Crespo Ayón, periodista de la cadena de televisión Uno TV, quien fue visto por última vez en Mazatlán el 3 de diciembre de 2014. Finalmente, en Oaxaca, sigue sin dar visos de existencia el periodista Agustín Silva, periodista de El Sol del Istmo, de quien no se sabe nada desde el 22 de enero de 2018. Sobra señalar que, de todos estos casos, el fiscal Alejandro Gertz Manero no ha querido, por razones inexplicables, que se atraigan dichos casos de investigación. El problema de la impunidad en los casos de los periodistas desaparecidos, más allá de que no hay una voz de reclamo que exija justicia por ellos, ni la voluntad del gobierno federal, a través de la FGR, para dar con su paradero, estén vivos o muertos, es que en la mayoría de las investigaciones iniciadas por las fiscalías estatales se han dejado intocadas dos líneas de investigación que, si se observaran, podrían aportar mucho para el esclarecimiento…

Las dos líneas olvidadas, por incompetencia o por omisión voluntaria de la autoridades ministeriales locales y federal, son las que tienen que ver con los trabajos de denuncia que los y las desaparecidas hicieron no sólo sobre el clima de violencia en sus regiones, sino también sobre el saqueo de recursos naturales realizado por grandes corporativos empresariales que devastaron el suelo y el agua, a lo que se suma la labor que hicieron al menos 12 de estas y estos comunicadores como guías o informantes de otros periodistas foráneos. Un caso ejemplar es el de Jesús Sandalio Mejía Lechuga, quien desapareció en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, en 2003, cuya actividad periodística estuvo muy ligada a la denuncia de la devastación ambiental que ya comenzaba a propiciar la actividad minera en el centro del territorio de esa entidad, la cual fue apoyada irrestrictamente por el entonces gobernador Miguel Alemán Velasco, que impulsó los proyectos mineros en las comuni­dades de Ojital, San Juan Villa Rica, El Limón y Mesa de 24, en la zona de Actopan y Alto Lucero. Además de su trabajo de denuncia sobre el avance de la industria minera y su consecuente destrucción del territorio, las autoridades que investigaron en su momento esta desaparición, cuyo expediente se encuentra archivado, también pasaron por alto la relación que Jesús Sandalio Mejía Lechuga mantuvo con periodistas foráneos. Este periodista fue guía e informante de trabajos que sobre corrupción y expansión del Cártel de Los Zetas realizaron en su momento algunos periodistas de los periódicos El Universal y Reforma, además de haber participado en investigaciones periodísticas de las agencias AP y EFE, que abordaron el tema del llamado “Maxiproceso”, una investigación judicial escenificada principalmente en Veracruz y Quintana Roo, que se inició en 1997 por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar, a través del que fuera llamado zar antidrogas mexicano, Mariano Herrán Salvatti, la que terminó con la emisión de órdenes de aprehensión contra importantes jefes del narcotráfico como Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos; Ismael Zambada, alias el Mayo, y Juan José Esparragoza Moreno, alias el Azul. Leodegario Aguilera Lucas es otro caso de los periodistas desaparecidos del que nadie, ni la FGR, a excepción de su familia, reclama la celeridad en la investigación para dar con su paradero. Su caso se encuentra cerrado por parte de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero después de que, a menos de 16 meses de su desaparición, para esa instancia los restos del periodista fueron localizados, cuando en realidad se trataba de la osamenta calcinada  de un animal, encontrada el 8 de septiembre de 2004 en una playa de Acapulco, pero que fue avalada —sin ningún tipo de análisis de ADN— por el entonces procurador de Justicia en la entidad, Jesús Ramírez Guerrero.

El periodista, que dirigía la revista mensual Mundo Político, no sólo fue tras los temas de corrupción entre las esferas de gobierno y las empresas mineras asentadas en Guerrero, tratando de evidenciar la forma en que muchas de las mineras, principalmente canadienses, se habían hecho de permisos ambientales ilegales durante la administración del gobernador René Juárez Cisneros, al que le habrían generado grandes beneficios económicos a nivel personal, sino que también colaboró como guía e informante para algunos periodistas de El Universal, Televisa, Reforma, Excélsior, La Prensa, Notimex, EFE, France Press, AP y BBC, que lo buscaron para adentrarse en temas relacionados con el surgimiento del Cártel Independiente de Acapulco (CIA) y la fractura interna sufrida por el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, que controlaban en ese tiempo la actividad del tráfico de drogas en la zona de Acapulco.

El periodista Alfredo Jiménez Mota, del periódico El Imparcial, desapareció en Hermosillo, Sonora, el 2 de abril de 2005. Desde entonces no se sabe nada de él. Las principales organizaciones defensoras de derechos de los periodistas han olvidado su caso. Sólo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es la que, a la fecha, clama por justicia y el esclarecimiento de esta desaparición. La SIP es la única que actualmente gestiona ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una recomendación al Estado mexicano para que desempolve la investigación, que se encuentra archivada desde 2015, y que la FGR se ha negado a atraer. Para las administraciones estatales de Sonora de Eduardo Bours Castelo y de Guillermo Padrés Elías, el caso de Jiménez Mota estuvo estrechamente ligado a una venganza entre grupos criminales, donde se criminalizó al periodista señalándolo de ser parte de ese entramado criminal. Para la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich y su sucesor, Alfonso Durazo Montaño, el caso simplemente no existe. En las averiguaciones iniciales, que se abandonaron luego de diez años de infructuosas pesquisas, nunca se tomó en cuenta el trabajo de Alfredo Jiménez Mota en relación con una serie de investigaciones que hizo sobre la mina El Crestón, en el municipio de Opodepe, a sólo 90 kilómetros de Hermosillo, donde las mine­ras Amax, de capital chileno, y Peñoles, de capital mexicano, comenzaron a devastar el medio ambiente apenas unos meses antes de la desaparición del periodista, de lo que este comunicador fue incisivo en la denuncia. Tampoco se tomó en cuenta la labor que hacía Jiménez Mota facilitando información a medios como La Jornada, El Universal, Proceso y Reforma, para exponer el deterioro ecológico al que se estaba llegando con la actividad de la mina. La autoridad ministerial local prefirió manejar la hipótesis de que la desaparición de este periodista fue un acto de venganza del grupo criminal Los Salazar como resultado de la relación del periodista con grupos antagónicos. Ni por equívoco se ha señalado que el crimen pudo haber sido efectivamente ejecutado por la célula criminal de Los Salazar, pero atendiendo intereses del grupo minero que se vio amenazado por la denuncia del comunicador. Esa es una de las razones por las que se supone que la FGR se niega a la atracción de la investigación.

Otro periodista desaparecido, cuyo caso perfectamente cabe en las circunstancias de los anteriores, es José Antonio García Apac, desaparecido la noche del 20 de noviembre de 2006. El reclamo de justicia y fin a la impunidad para este periodista ha sido olvidado por todas las organizaciones defensoras de periodistas. Sólo su esposa e hijos continúan en la fatigosa búsqueda. En los anales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, su expediente aparece como archivado. Para la instancia procuradora de justicia se han agotado todas las líneas de investigación y no hay más nada que hacer, según se le ha dicho a la familia de este periodista que hizo trabajos de investigación en una de las zonas más peligrosas del país para ejercer el periodismo. En las investigaciones archivadas de este caso también se dejaron de lado otras líneas que apuntan a posibilidades más allá de la genérica hipótesis de que García Apac fue desaparecido por una célula del crimen organizado. Eso podría no estar en duda. Lo que realmente es dudoso son las razones de ese crimen, que podrían estar ligadas a los intereses que tocó el periodista con su trabajo de investigación y denuncia, donde no se puede soslayar la línea periodística que mantuvo para evidenciar las precarias condiciones laborales y de salario de los obreros de las mineras Arcelor Mittal Steel, en Lázaro Cárdenas; la Compañía Minera El Baztán, S.A. de C.V., en Huetamo; la Compañía Minera Los Encinos, S.A. de C.V., en La Huacana; la Compañía Minera La Huacana, en el municipio de ese mismo nombre, y la Compañía Minera e Industrial de Michoacán, S.A. de C.V., en Huetamo. Además de que García Apac fue una constante fuente de consulta para conocer el clima de violencia y las estructuras de los cárteles de La Familia Michoacana, Los Valencia y el naciente —en ese tiempo— Cártel Jalisco Nueva Generación, de lo que dieron cuenta en su momento los periódicos Reforma, El Universal, Excélsior, la revista Proceso y las agencias internacionales de noticias AP, France Press, EFE, Notimex, Reuters y Tass.

También el caso de la desaparición del periodista Rodolfo Rincón Taracena, del periódico Tabasco Hoy, de quien se dejó de saber desde el 21 de enero de 2007, cumple con el factor común de olvido, impunidad, criminalización y desatención de las principales líneas de investigación para el esclarecimiento del crimen por parte de la FGR. Rincón Taracena fue criminalizado de facto por la autoridad investigadora de Tabasco que asumió las pesquisas desde el inicio. Se dijo que estaba relacionado con una célula criminal del Cártel de Los Zetas y se dejó intocada la posibilidad de investigar sobre el trabajo de denuncia que hizo el periodista sobre la contaminante actividad de las empresas cementeras, que generan un alto grado de polución en los cauces de los ríos Usumacinta, Grijalva, Samaria, Carrizal y San Pedro. Tampoco se investigó sobre la labor que hacía este periodista como guía e informante de misiones reporteriles para los periódicos El Universal y La Jornada. Otros periodistas desaparecidos que han sido olvidados por la FGR, en cuyos casos las investigaciones iniciales no tomaron en cuenta los trabajos informativos que hacían más allá de la narración del clima de violencia, los cuales tenían que ver con información que evidenciaba la colusión entre autoridades locales, y que además fueron guías e informantes para trabajos publicados en medios de comunicación nacionales e internacionales, se encuentran Gamaliel López y Gerardo Pérez, de TV Azteca, en Nuevo León; María Esther Aguilar Casimbe y Ramón Ángeles Zalpa, de Michoacán; Adela Alcaraz López, de la televisora Canal 12 de Noticias de Río Verde, en San Luis Potosí; Sergio Landa Rosado, del periódico El Diario de Cardel, en Veracruz, y Mario Alberto Crespo Ayón, de Uno TV, en Sinaloa.

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