Paul Preston

LECTURAS | Un pueblo traicionado, de Paul Preston

La historia del siglo XX español contada por el eminente hispanista Paul Preston.

Ciudad de México, 5 de noviembre (MaremotoM).-Cómo las élites sabotearon el progreso de España.

Tras una vida dedicada al siglo XX español, con obras fundamentales como las biografías de Franco o el Rey Juan Carlos, su historia de la Guerra Civil o El holocausto español sobre la represión en los dos bandos durante la guerra, Paul preston acomete el reto más atractivo para cualquier historiador, condensar su objeto de estudio en un libro manejable alrededor de un tema central: la historia concisa del siglo XX español.

El desajuste entre una población deseosa de progresar y unas élites que bloquean el progreso, es el tema subyacente del libro.

Paul Preston
Un libro esencial. Foto: Cortesía

Fragmento de Un pueblo traicionado, de Paul Preston, con autorización de Debate.

Prefacio

Un pueblo traicionado: España, 1874-2014

El filósofo José Ortega y Gasset escribió en 1921: “Empezando por la Monarquía y siguiendo por la Iglesia, ningún poder nacional ha pensado más que en sí mismo. ¿Cuándo ha latido el corazón, al fin y al cabo extranjero, de un monarca español o de la Iglesia española por los destinos hondamente nacionales? Que se sepa, jamás. Han hecho todo lo contrario. Monarquía e Iglesia se han obstinado en hacer adoptar sus destinos propios como los verdaderamente nacionales”. En la misma línea, el poeta Antonio Machado, durante la Guerra Civil, le escribió a un amigo ruso, el novelista David Vigodski: “En España lo mejor es el pueblo. Por eso la heroica y abnegada defensa de Madrid, que ha asombrado al mundo, a mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos —nuestros barinas— invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. En España, no hay modo de ser persona bien nacida sin amar al pueblo. La demofilia es entre nosotros un deber elementalísimo de gratitud”.

En el siglo XIX, los viajeros románticos ingleses expresaron opiniones similares. El más célebre, Richard Ford, autor de A Handbook for Travellers in Spain (1845) y de Gatherings from Spain (1846), retrató a los españoles ordinarios como generosos y nobles, refiriéndose constantemente al mal gobierno y al desgobierno: “La causa real y permanente de la decadencia de España, de la falta de cultivo y de la tristeza y miseria, es el MAL GOBIERNO [sic, en mayúsculas], civil y religioso». Afirmó que, en todos los escalones de la Administración, había déspotas siempre dispuestos a aceptar sobornos.[3] Gerald Brenan se mostró de acuerdo hasta cierto punto: «Hay quien ve en España un país de paradojas, en el que un pueblo dotado de gran independencia de carácter se deja guiar por gobernantes corruptos y arbitrarios». Sin embargo, Brenan puntualiza que dichas críticas de Ford son producto de la imagen idealizada que tenía de Gran Bretaña en la época en que escribió sus obras: «Ford habla mucho del mal gobierno y la pobreza en España, pero en aquellos tiempos, ¿quién no habría preferido ser un bracero español en vez de un minero, un obrero industrial o un jornalero ingleses?”.

Esta es otra obra escrita por un historiador británico que ama a España y que se ha pasado los últimos cincuenta años estudiando su historia. Como se deduce del título, el libro se hace eco del espíritu de Richard Ford y de muchos comentaristas españoles como Lucas Mallada, Ricardo Macías Picavea, Joaquín Costa, Manuel Azaña y José Ortega y Gasset. Pero, aunque se apoya en algunas de las observaciones de Ford, no comparte la interpretación simplista que se desprende de sus comparaciones entre una España oscurantista y una Gran Bretaña ideal. Del mismo modo, aunque aprovecha algunas de las ideas fruto del análisis crítico de los regeneracionistas, no comparte la opinión de Costa de que el problema de España exigiera una solución autoritaria: el “cirujano de hierro”. Este libro no pretende insinuar que España sea un caso único por lo que se refiere a la corrupción o a la incompetencia gubernamental: existen otras naciones europeas a las que podrían aplicarse interpretaciones parecidas en diversos momentos históricos. Por ejemplo, mientras escribía el libro, he vivido a diario durante tres años a la sombra del proceso del Brexit en Gran Bretaña. Me ha dolido presenciar cómo una amalgama de mentiras, inepcia gubernamental y corrupción dividía profundamente al país y amenazaba con provocar la desintegración de Reino Unido.

La rica y trágica historia de España puede abordarse desde múltiples perspectivas. En el presente caso, el libro narra las deficiencias de la clase política española. Abarca desde la restauración de los Borbones con Alfonso XII en 1874 hasta el inicio del reinado de su tataranieto Felipe VI en 2014. Su objetivo es ofrecer una historia completa y fiable de España haciendo hincapié en la forma en que el progreso del país se ha visto obstaculizado por la corrupción y la incompetencia política y demostrando que estas dos características han provocado una ruptura de la cohesión social que a menudo se ha tratado y exacerbado mediante el uso de la violencia por parte de las autoridades. Los tres temas aparecen de forma recurrente en las tensiones existentes entre Madrid y Cataluña. Durante la Restauración, y de forma espectacular, con la dictadura de Primo de Rivera, la corrupción institucional y una asombrosa incompetencia política fueron la norma, lo que allanó el camino para la instauración de la primera democracia en España: la Segunda República.

Desde la instauración de la República en 1931 hasta su fin en 1939, la corrupción fue menos tóxica, sobre todo porque la nueva élite política se inspiró en muchas de las propuestas de los regeneracionistas. Esto no quiere decir que la corrupción no existiera. Un personaje recurrente en este libro, el multimillonario Juan March, que estuvo detrás de la corrupción más espectacular de la dictadura de Primo, permaneció activo durante la República, así como en las primeras décadas de la dictadura franquista. Lo mismo ocurrió con Alejandro Lerroux, un político destacado que estaba a sueldo de March. La trayectoria de corrupción descarada de Lerroux alcanzó su punto culminante en 1935, cuando, como presidente del Gobierno republicano, avaló sin recato alguno la instalación de un sistema de ruletas trucadas, una operación escandalosa que dio lugar al término “estraperlo”, que se ha convertido en sinónimo de «malversación de caudales».

La victoria del general Franco supuso el establecimiento de un régimen de terror y pillaje que les permitió, a él y a una élite de secuaces, saquear con impunidad, enriqueciéndose, al mismo tiempo que daba rienda suelta a la ineptitud política que prolongó el atraso económico de España hasta bien entrados los años cincuenta. Irónicamente, a lo largo de su vida, Franco expresó un feroz desprecio por la clase política, a la que consideraba responsable de la pérdida del imperio colonial en 1898. En 1941, en un discurso pronunciado ante el Consejo Nacional de la Falange con motivo del quinto aniversario del estallido de la Guerra Civil, Franco proclamó: “Cuando nos asomamos a la vida, vimos nuestra infancia presidida por la torpeza de aquellos hombres que abandonaron al extranjero la mitad del territorio patrio”. De hecho, algunos de sus propios errores, fruto de su vanidad personal, superarían con creces a los de esos predecesores a los que escarnecía. El hecho de que Franco no tuviera escrúpulo alguno a la hora de situar su determinación de mantenerse en el poder por encima de los intereses nacionales resulta evidente en sus relaciones con el Tercer Reich y, más tarde, con Estados Unidos. Sus planes absurdos para hacerse rico por arte de magia, mediante la alquimia o la gasolina sintética a base de agua, así como el desastre de la autarquía, contribuyeron al atraso de España hasta que en 1959 le convencieron de que dejara en manos de otros la economía.

Al denunciar a los políticos en 1941, Franco no estaba ni mucho menos solo. Con breves intervalos de optimismo, entre 1931 y 1936 y durante la primera década del rey Juan Carlos en el trono, la actitud de los españoles hacia la clase política de su país ha sido a menudo de un desdén que roza el desánimo. El convencimiento de que los políticos son incompetentes y corruptos ha sido una constante habitual en la vida española desde la invasión napoleónica, si no antes. Franco utilizó la retórica sobre los políticos corruptos para justificar una dictadura bajo la cual la corrupción se extendió sin control y fue explotada sin escrúpulos por el propio Caudillo, tanto para su enriquecimiento personal como para manipular a sus partidarios.

El desastre de 1898 no fue más que la confirmación definitiva de un hecho que venía arrastrándose desde hacía casi un siglo: los problemas económicos internos de España no podían aliviarse mediante el saqueo imperial. El atraso de la economía agraria, la desigualdad y debilidad de la industria, la pesada influencia de la Iglesia católica, unas fuerzas armadas parasitarias y las crecientes divisiones regionales eran males endémicos, que se veían perpetuados —como observó el perspicaz polímata Joaquín Costa—, por un sistema político corrupto e incompetente que entorpecía el progreso social y económico y mantenía a los españoles en la servidumbre, la ignorancia y la miseria que se escondían tras la calumnia contemporánea de que “África comienza en los Pirineos”. Sin embargo, la solución propuesta por Costa, el cirujano de hierro, demostraba poca confianza en el pueblo y en la democracia.

Otras características igualmente dañinas, e inextricablemente ligadas, de la política y la sociedad españolas han perdurado desde finales del siglo XIX. La suposición tácita de que los problemas políticos y sociales podían resolverse de forma más natural mediante la violencia que mediante el debate está firmemente arraigada en un país en el que, durante cientos de años, las luchas civiles no han sido ninguna rareza. En tiempos más recientes, ciertas formas de violencia social han sido consecuencia de la corrupción y la incompetencia del Gobierno. La corrupción electoral excluyó a las masas de la política organizada y las obligó a elegir entre la aceptación apática del sistema o la revolución violenta contra este. La guerra de 1936-1939 fue el cuarto conflicto de este tipo desde la década de 1830.

Entre 1814 y 1981, España fue testigo de más de veinticinco pronunciamientos.[6] Esa cruda estadística proporciona una indicación gráfica del divorcio entre militares y civiles. En el primer tercio del siglo XIX, esos pronunciamientos fueron políticamente liberales, pero se desarrolló con posterioridad una tradición de incomprensión y desconfianza mutuas entre el Ejército y la sociedad civil que hizo que los militares se consideraran más españoles que los civiles. A principios del siglo XX, los oficiales estaban maduros para que los políticos reaccionarios los convencieran de que tenían el derecho y el deber de entrometerse en la política para «salvar a España». Lamentablemente, ese objetivo de apariencia noble implicaba la defensa de los intereses y privilegios de sectores relativamente reducidos de la población. Por ello, un factor generador de odio en la sociedad española fue el hecho de que los conflictos sociales más arraigados, tras el declive imperial y la derrota militar, fueran reprimidos por el Ejército. El rencor de los militares hacia los políticos en general y hacia la izquierda y el movimiento obrero en particular era otra cara de la misma moneda.

El papel de la violencia en España se consolidó debido al modo en que las fuerzas armadas trataron el trauma posimperial. El resentimiento de la oficialidad, que culpaba de la humillación de 1898 a los políticos que no les habían prestado suficiente apoyo, hizo que los militares se considerasen los árbitros supremos de la política. Decididos a no perder más batallas, se obsesionaron, no con la defensa de España de los enemigos externos, sino con la defensa de la unidad nacional y el orden social existente contra los enemigos internos regionalistas y de izquierdas. Hasta cierto punto, no es de extrañar: después del desastre de Cuba, el Ejército era ineficaz, estaba agobiado por la burocracia y mal equipado. Una proporción absurdamente alta del gasto militar total se destinaba a salarios, administración y gastos de funcionamiento, lo que dejaba muy poco para formación o equipamiento.

Los gobernantes españoles intentaron lavar la afrenta de la posguerra con una nueva y desastrosa empresa imperial en Marruecos. Esta aventura africana, con una falta de preparación lamentable, fomentó la oposición popular general al reclutamiento forzoso, lo que intensificó el odio mutuo entre los militares y la izquierda. Mientras que los reclutas de clase obrera se convertían en pacifistas militantes en respuesta a las terribles condiciones imperantes en el norte de África, en el seno de las fuerzas armadas surgió un cuerpo de élite de oficiales profesionales encallecidos, los africanistas, cuyo paradigma era Francisco Franco. Estaban convencidos de que su grupo de guerreros heroicos y acosados por todas partes era el único preocupado por el destino de la patria, lo que inevitablemente exacerbó su desconexión de una sociedad que creían que los había traicionado. Los africanistas llegaron a dominar la oficialidad, sobre todo a finales de los años veinte, cuando Franco era director de la Academia Militar de Zaragoza. Fueron el motor del golpe de 1936 y luego aplicarían contra los civiles españoles las mismas tácticas de terror que habían perfeccionado en Marruecos.

Los africanistas serían un elemento privilegiado de la élite cleptócrata de Franco. La supervivencia de sus «valores» durante la dictadura y más allá de esta hizo que algunos sectores de las fuerzas armadas estuvieran decididos a hacer descarrilar la democracia recién instaurada también a finales de los años setenta. Por suerte, la desconfianza del pueblo hacia las fuerzas armadas llegó a su fin con la democratización del Ejército tras las reformas militares llevadas a cabo durante el primer gobierno socialista. El relevo generacional en el cuerpo de oficiales y la entrada de España en la OTAN supusieron un cambio radical en la percepción popular de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil, que se encuentran hoy entre las instituciones mejor valoradas de España; en cambio, la percepción popular de los problemas de España sitúa a la clase política en segundo lugar, detrás del desempleo.

Igualmente perjudicial para los intentos del país de alcanzar la modernidad fue la rémora de la Iglesia católica. En las guerras civiles de los siglos XIX y XX, esta tomó partido contra las amenazas del liberalismo y la modernización. Asediada por un violento anticlericalismo popular y empobrecida por la desamortización de sus tierras en las décadas de 1830 y 1850, la Iglesia se alió con los poderosos. Ya en la década de 1880, en su oferta educativa para las clases medias y altas, se había convertido en el agente legitimador del sistema socioeconómico y político. La historia de la Iglesia en España en el siglo XX es paralela a la del propio país. Casi todas las grandes convulsiones políticas de un periodo turbulento —con la posible excepción de la crisis revolucionaria de 1917-1923— tuvieron su trasfondo religioso y la jerarquía eclesiástica desempeñó en ellas un papel crucial y a menudo reaccionario.

El texto que sigue entrelaza los temas de la influencia militar y eclesiástica, el desprecio popular por la clase política, los enconados conflictos sociales, el atraso económico y el enfrentamiento entre el nacionalismo centralista y los movimientos independentistas regionales. También sitúa estos procesos en un contexto internacional. El colapso de la Segunda República y el estallido de la Guerra Civil son incomprensibles sin tener en cuenta la influencia de los acontecimientos internacionales, en particular el fascismo y el comunismo, en los acontecimientos internos. El curso de la Guerra Civil española se analizará prestando una especial atención a la interacción entre los factores nacionales e internacionales que determinaron su desenlace. En muchos aspectos, el conflicto español puede verse como un ensayo de la Segunda Guerra Mundial o como el lugar de sus primeras batallas. La neutralidad española en el conflicto bélico internacional desempeñó un papel clave en el resultado de la contienda en Europa. El proceso por el que la dictadura franquista se sacudió el ostracismo internacional para convertirse en el valioso aliado de las potencias occidentales se examinará de forma exhaustiva.

El libro muestra cómo España pasó de la desesperación absoluta de 1898 a una montaña rusa de acontecimientos que culminó en un actual estado de pesimismo muy similar al vivido a finales del siglo XIX. La Guerra Civil fue la más dramática de una serie de luchas desiguales entre las fuerzas de la reforma y la reacción que han marcado la historia de España desde 1808 hasta nuestros días. Existe una curiosa pauta en la historia moderna y contemporánea de España, que surge de un frecuente desfase o falta de sincronización entre la realidad social y la estructura de poder político que la gobierna. Tras largos periodos en los que los elementos reaccionarios han utilizado el poder político y militar para frenar el progreso social, se producen estallidos de fervor revolucionario. En la década de 1850, en la de 1870, entre 1910 y 1912, entre 1917 y 1923 y, sobre todo, durante la Segunda República, se realizaron esfuerzos para adecuar la política española a la realidad social del país. Esto implicó inevitablemente intentos de redistribuir la riqueza, especialmente la tierra, lo que a su vez despertó un afán reaccionario para detener el reloj y reimponer el orden tradicional del poder social y económico. Así, los movimientos progresistas fueron aplastados por el general O’Donnell en 1856, por el general Pavía en 1874, por el general Primo de Rivera en 1923 y por el general Franco entre 1936 y 1939. Fueron necesarios los horrores de la Guerra Civil y las casi cuatro décadas de dictadura que siguieron para romper esta pauta. La moderación compartida por la derecha progresista y la izquierda reprimida puso los cimientos de una transición incruenta a la democracia.

La pauta de conflicto entre la clase política y el desarrollo social —fuerzas progresistas que presionan a favor del cambio hasta que la violencia y la imposición de la dictadura las obligan a retroceder— cambió en 1977. Sin embargo, la restauración de la democracia estuvo contaminada por las viejas prácticas. Como afirma Baltasar Garzón, uno de los jueces que se han esforzado en eliminar la corrupción: «En España nunca ha dado miedo ser corrupto; en realidad, como se la daba por existente, la corrupción no ha sido algo que haya preocupado excesivamente a la ciudadanía. Esa indiferencia ha conseguido que las raíces de la misma se hayan vuelto profundas y sólidas, sosteniendo todo un entramado de intereses muy difícil de destruir». En opinión de Garzón, la justicia ha contribuido a dicha situación con “sentencias que llegan con lustros de retraso, con imposición de penas irrisorias, sobreseimientos o archivos incomprensibles, connivencias y maridajes inaceptables”.

A lo largo de todo el periodo que abarca este libro, la corrupción y la incompetencia política han tenido un efecto corrosivo sobre la coexistencia política y la cohesión social. La transición de España a la democracia ha suscitado la admiración general. Sin embargo, la magnitud de la corrupción constante y la ineptitud intermitente demostrada por la clase política en distintos ámbitos de la sociedad desde 1982 hasta hoy ha sido notable. Los políticos de derecha e izquierda no han podido o no han querido hacer frente a la corrupción y al choque pernicioso entre el nacionalismo centralista español y los deseos regionales de independencia. Solo durante breves periodos de tiempo, a principios de los años treinta del siglo XX y en los albores de la Transición, hubo cierto grado de respeto público por los políticos. Sin embargo, el desprecio y el resentimiento generalizados se han intensificado de nuevo durante la crisis económica de los últimos años. El desarrollo de los años noventa fomentó la corrupción y fue testigo de una incompetencia política sin precedentes. Desde finales de los ochenta hasta la actualidad, la corrupción endémica y la renovada ebullición del nacionalismo han llevado otra vez a la misma desilusión de siempre con la clase política. Aunque el desencanto no se encuentre en los mínimos irrepetibles de 1898, la población española valora a sus políticos muy por debajo de lo que habría podido suponerse cuando se ensalzaba la Transición como un modelo para otros países.

Se suele contemplar a España desde los mitos sobre el carácter nacional. Uno de los más duraderos ha sido el de la corrupción y la deshonestidad, que debe mucho a las numerosas traducciones a otras lenguas europeas de las primeras e inmensamente populares novelas picarescas: el Lazarillo de Tormes (1554), de autor anónimo, y El Buscón (o Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos; ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños), de Francisco de Quevedo, escrita en 1604, pero publicada en 1626. Durante los siglos XVIII y XIX, España fue el escenario habitual, y convenientemente exótico, de óperas de compositores extranjeros. Entre los ejemplos más claros de óperas basadas en los mitos del carácter nacional, en el caso español, figuran sin duda el Don Giovanni de Mozart, Il trovatore y La forza del destino de Verdi y la Carmen de Bizet. Los artistas que deseaban retratar las pasiones violentas se basaban en una visión de España, su historia y su pueblo que encarnaba el fanatismo, la crueldad y las emociones desbocadas. Esta imagen se remonta a la Reforma, cuando una serie de panfletos de inspiración protestante denunciaron las actividades de la Inquisición española, el Tribunal del Santo Oficio y los horrores de los autos de fe. Más allá del conflicto religioso, la percepción europea de España se vio confirmada por la experiencia de un imperio en América, Italia y Flandes edificado sobre la codicia y alimentado por la sangre. Las guerras napoleónicas, conocidas en España como “guerra de la Independencia”, y las guerras civiles a lo largo del siglo XIX no contribuyeron en absoluto a socavar unos tópicos que sobrevivieron hasta el siglo XX en la literatura generada por la Guerra Civil española.

En conjunto, esta visión del país constituye lo que los propios españoles llaman “la leyenda negra”, cuyos casos más llamativos recogió el historiador Julián Juderías en su homónima y célebre obra. En su diatriba contra el tópico de la holgazanería y la violencia generalizadas, Juderías denuncia la leyenda sobre «la España inquisitorial, ignorante, fanática, sometida al yugo clerical, perezosa, incapaz de todo trabajo serio».[1] Juderías pensaba en definiciones de España como la de sir John Perrot, virrey de Irlanda (1584-1586) en tiempos de Isabel I de Inglaterra: «Esta nación medio morisca […] es hija de la inmundicia y la suciedad de África, los viles otomanos y los judíos proscritos».[2] Los estereotipos que más indignan a los españoles, sin embargo, son fundamentalmente los del Romanticismo. De 1820 a 1850, los viajeros británicos y franceses se sintieron atraídos por España debido a lo que consideraban el pintoresco salvajismo de sus paisajes y sus habitantes. Montañas escarpadas infestadas de bandoleros, caminos recorridos por recuas de contrabandistas armados hasta los dientes, el ritual sangriento de las corridas de toros, las ruinas de palacios y castillos moros y los encuentros eróticos (probablemente imaginados) con lánguidas bellezas de piel morena se convirtieron en clichés de la literatura romántica sobre España. Los estereotipos se mantendrían en los años veinte del siglo pasado, cuando los dueños de bares del barrio barcelonés del Raval explotaban la reputación del Barrio Chino para regocijo de turistas extranjeros: organizaban incidentes «espontáneos» en los que «gitanos», aparentemente enardecidos por los celos al ver a sus mujeres (las camareras) coqueteando con los turistas, sacaban a relucir sus navajas, tras lo cual el incidente se resolvía con algunas rondas de bebidas caras.

La Carmen de Bizet sigue siendo quizá la ópera «española» más famosa, en gran parte debido a su despliegue de la mayoría de los tópicos hispanos. Carmen presenta los arquetipos de la mujer andaluza ardiente, el asesino armado con navaja y el torero, en un contexto de contrabandistas, bandidos, sexo y violencia. La idea de que los españoles estaban obsesionados por el sexo es el motivo de que la sífilis se conociera en Francia como «le mal espagnol». El autor alemán August Fischer también escribió sobre la frenética y hasta fanática sexualidad de las mujeres andaluzas, visión compartida por lord Byron, que visitó Andalucía en 1809. El diplomático francés Jean-François de Bourgoing, en su Nouveau voyage en Espagne (1788) ampliado en 1803 en los tres volúmenes de su Tableau de l’Espagne moderne, se lamentaba de la sensualidad descarada del baile flamenco y criticaba los múltiples vicios que aquejaban la vida cotidiana de los gitanos. Giacomo Casanova, el atleta sexual veneciano, elogió así el fandango: “Los [gestos] del hombre indicaban visiblemente el amor correspondido. Los de la mujer, el consentimiento, el arrebato, el éxtasis del placer. Me pareció que ninguna mujer podía negarle nada a un hombre con el que hubiera bailado el fandango”.

Con todo, fueron los Cuentos de la Alhambra (1832) de Washington Irving los que realmente pusieron a España en el mapa de los románticos. Al cabo de una década, lo superó Théophile Gautier, cuyo Voyage en Espagne (1843) describe las bellezas andaluzas de ojos oscuros y brillantes que le hacen hervir la sangre con sus bailes flamencos, así como los escalofriantes duelos gitanos a navajazos y sus cuchillos de fantasía. Escritores ingleses como George Borrow —The Bible in Spain (1843)— y Richard Ford —A Handbook for Travellers in Spain (1845) y Gatherings from Spain (1846)— retrataron la presunta obsesión de los españoles por la honra, el fanatismo religioso, el amor y el odio extremos y la venganza llevada a cabo por asesinos proscritos. Esto se hizo aún más acusado con Alexandre Dumas, inmensamente famoso a raíz del éxito de Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo. El duque de Montpensier lo invitó a asistir a su boda el 10 de octubre de 1846 con la infanta Luisa Fernanda, hija del rey Fernando VII. Dumas pasó dos meses en España y a partir de sus experiencias escribió su enorme obra en cuatro volúmenes De Paris à Cadix, en la que plasma su disgusto por la comida española y por la lascivia y la depravación, a su juicio, de los bailes de los gitanos granadinos. Sin embargo, en Sevilla, se muestra encantado con la voluptuosidad de los bailarines de flamenco profesionales y observa complacido el coqueteo de las chicas guapas que trabajaban en la Real Fábrica de Tabacos con los jóvenes oficiales del Ejército.La novela corta de Prosper Mérimée Carmen (1845) concentró todos los clichés románticos sobre Sevilla en un solo personaje, Carmen, que además de trabajar en la fábrica de tabacos, era bailarina de flamenco, amante de un torero, cómplice de contrabandistas y bandidos, voluptuosa, independiente, indómita, todo lo cual entusiasmaba a la burguesía parisina, que parecía ver en España una especie de zoológico humano. La actitud de superioridad antropológica de Mérimée hacia sus personajes se hizo aún más popular gracias a la ópera de Bizet.

Ya hacía mucho tiempo que Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronesa de Aulnoy, había creado un marco de tópicos familiares sobre España. Su Mémoires de la Cour d’Espagne (1690), publicada en inglés con el título Memories of the Court of Spain written by an ingenious French lady, era la descripción de una corte real de Madrid donde parecía imperar la sífilis. Sin arredrarse por el hecho de que casi con toda seguridad nunca visitó España, esta fantasiosa viajera de sillón escribió luego su Rélation du voyage d’Espagne, una obra de una enorme influencia, como demuestra que, tras su primera edición de 1691, se reimprimiera asiduamente en varios idiomas hasta bien entrado el siglo XIX. Pese a afirmar que solo contaba lo que había visto, Madame d’Aulnoy describe un país lleno de animales exóticos, incluidos monos y loros. Su elenco de personajes inventados se basaba en otros libros de viajes, memorias diplomáticas y las obras de teatro de Calderón y otros dramaturgos españoles. En sus delirantes exageraciones, presenta a funcionarios corruptos, aristócratas siempre dispuestos a matar o morir por cuestiones de honor y mujeres promiscuas invariablemente henchidas de pasión. Sin embargo, las caricaturas creadas por Madame d’Aulnoy, incluida la idea de que prácticamente toda la población padecía una u otra enfermedad venérea, permitieron a Bizet presentar la sexualidad insolente y primitiva de Carmen como algo típicamente español.

En Gran Bretaña, la imagen de una España exótica, semioriental, de catedrales y mezquitas, castillos y puentes, habitada por gente colorida, apasionada y sensual, se inspiraba en las exquisitas pinturas y dibujos de David Roberts y John Frederick Lewis de la década de 1830 y las de Charles Clifford veinte años después. Muchas de sus obras más características se hicieron inmensamente populares gracias a su reproducción en álbumes de litografías que cosecharon grandes éxitos de ventas. Su imagen de España la secundan muchos de los pintores románticos españoles, en particular Genaro Pérez Villaamil, cuya obra fue expuesta y publicada en París. Nada simbolizaba la España romántica mejor que las bellezas andaluzas y las serranías infestadas de bandidos. Los viajeros extranjeros, al regresar a su país, eran la comidilla de las fiestas de sociedad contando las historias de los peligros que decían haber corrido. Prácticamente todos los viajeros que habían ido a España, con independencia de su nacionalidad y de lo que pensaran del sexo, los bandidos, los toros y la Inquisición, se quejaban de los caminos de cabras llenos de baches, que allí denominaban “carreteras”. A menudo afirmaban con toda contundencia que a España no llegaría nunca el ferrocarril. De hecho, fue su introducción a partir de finales de la década de 1850 lo que cambió drásticamente los tópicos. Con la desigual introducción de la Revolución industrial en España, la inversión extranjera aumentó. A partir de entonces, los observadores y viajeros prestaron menos atención a los tópicos románticos y más a la inestabilidad política, la corrupción y la violencia social.

De hecho, los fundamentos de la sociedad española tenían poco que ver con los tórridos estereotipos eróticos que tanto apreciaban los foráneos. La realidad era mucho más prosaica: sus rasgos definitorios eran factores vinculados a la desigualdad social y la violencia, la incompetencia política y la corrupción. En 1883, el Tribunal Supremo tituló un apartado de su informe anual sobre la delincuencia “De las costumbres violentas de los españoles”. Es un síntoma de la disfuncionalidad social española que, entre 1814 y 1981, se produjeran más de cincuenta pronunciamientos o golpes militares. Esta fría estadística proporciona una indicación gráfica no solo del divorcio entre militares y civiles, sino también de la ineptitud del Estado español a la hora de servir a sus ciudadanos. La tradición de malentendidos y desconfianza mutua entre el Ejército y la sociedad civil llegó hasta el punto de hacer que los militares se consideraran más españoles que los paisanos. En 1833 estalló la primera de cuatro guerras civiles; una serie de conflictos que no terminó hasta 1939. De hecho, hasta cierto punto, la Guerra Civil de 1936-1939 es una contienda inacabada y, en algunos aspectos, España todavía padece algunas de las divisiones vigentes en 1936.

La década de 1830 arrancó con la pérdida de la mayor parte del otrora gran Imperio español y el comienzo de un conflicto dinástico. La muerte en 1833 de Fernando VII, al que sucedió en el trono su hija Isabel, y el intento del hermano del difunto rey, Carlos, por hacerse con la corona fueron la chispa que hizo estallar lo que se conoció como la «primera guerra carlista», que terminó en 1840. Carlos buscó el apoyo de terratenientes profundamente reaccionarios y de los católicos radicales ultramontanos para oponerse a la modernización de los liberales, liderados simbólicamente por la madre de Isabel, la regente María Cristina. La comandante suprema, aún más simbólica, de las fuerzas carlistas era la Virgen de los Dolores, un gesto teocrático que les garantizaba el apoyo de la jerarquía eclesiástica. La segunda guerra carlista, algo más localizada y episódica, se libró de 1846 a 1849 y la tercera, de 1872 a 1876. El papel activo de la Iglesia católica en dichas guerras carlistas, con algunos clérigos rasos que llegaron a tomar las armas, contribuyó a la posterior percepción popular de los sacerdotes como figuras profundamente reaccionarias. En la década de 1860, había menos de 50.000 sacerdotes, frailes y monjas en España. En el periodo comprendido entre la restauración monárquica de 1875 y el final del siglo, la cifra aumentaría a más de 88.000. Cuando cayó la dictadura de Primo de Rivera en 1930, los miembros del clero habían superado la barrera de los 135.000. A ojos de los anarquistas, la Iglesia católica comerciaba con la religión pero no practicaba la moral. La consideraban una institución corrupta y rapaz que explotaba a la gente y obstaculizaba el progreso social.

Así, a pesar de que la España negra y reaccionaria se sobresaltara con la Revolución francesa y abandonara su letargo a raíz de la invasión napoleónica de 1808, muchos de los tópicos europeos acerca de España de los que se lamentaba Juderías, y desde luego los que se basaban en la violencia de su vida política, se vieron corroborados, y no precisamente aniquilados, por el ciclo de guerras civiles del siglo XIX. La idea de que los problemas sociales y políticos profundos podían resolverse mediante la violencia afligiría a España hasta bien entrado el siglo XX. El régimen de Franco que siguió a la Guerra Civil se basó en el terror, el saqueo y la corrupción. Ninguno de estos elementos fue inventado por Franco. De hecho, la tesis central de este libro es que la violencia, la corrupción y la incompetencia de la clase política han traicionado a la población al menos desde 1833 y casi con toda seguridad, desde antes. Existen numerosas razones históricas para ello, relacionadas con la religión y el imperio, pero quizá la más potente y duradera haya sido la falta de un aparato de Estado cuya legitimidad aceptara el pueblo. Después de encontrarse al borde de otra guerra civil entre la muerte de Franco en 1975 y el golpe militar de 1981, pareció que España asistiera a la creación de un Estado legítimo. La prosperidad de finales del siglo XX enmascaró el hecho de que la nueva política estaba tan sumida en la corrupción y la incompetencia como sus predecesoras. La extraordinaria pujanza de la economía, gracias al crédito barato facilitado por la adhesión de España al euro, hizo caer un tupido velo sobre una corrupción desenfrenada que alcanzaba hasta a la familia real. La recesión posterior provocó que dicho velo se rasgara, que la clase política perdiera su legitimidad y que problemas como el nacionalismo regional dividieran el país, por lo menos retóricamente, de forma violenta.

En el siglo XIX, el Estado español era débil a causa de los obstáculos geográficos, el lamentable estado de las vías de comunicación y las tradiciones históricas y lingüísticas totalmente opuestas a un Estado centralizado. A diferencia de Francia o de Italia después de 1871, los gobiernos españoles no lograron crear un patriotismo y un sentimiento nacional que conectara con todos los ciudadanos. En otros países, esta tarea fue asumida en gran medida por las fuerzas armadas. Sin embargo, en España, el Ejército era un motor de división, sobre todo debido a las condiciones espantosas a las que se enfrentaban los reclutas en las guerras coloniales. A principios del siglo XX, los oficiales del Ejército estaban más que dispuestos a escuchar a los ultraconservadores que insistían en el derecho y el deber de interferir en la política para «salvar a España». Por desgracia, ese objetivo en apariencia noble, en realidad, era sinónimo de la defensa de los intereses y privilegios de sectores relativamente reducidos de la sociedad. Por lo tanto, las fuerzas armadas no eran los servidores de la nación que la defendían de enemigos externos, sino los defensores de intereses sociales muy concretos en contra de sus enemigos internos: la clase obrera y los nacionalistas regionales. A lo largo de los cien años previos a 1930, puede discernirse la división gradual e inmensamente compleja del país en dos grandes bloques sociales antagónicos. La hostilidad popular hacia las fuerzas armadas creció en la misma medida en que los conflictos sociales —profundamente arraigados, en un momento de decadencia del imperio y derrotas militares— eran reprimidos por el Ejército. A la dialéctica entre violencia y descontento popular se añadió el aplastamiento del nacionalismo regional en nombre del centralismo patriótico. El resentimiento de los militares hacia los políticos en general, y hacia los de la izquierda y el movimiento obrero en particular, era otra cara de la misma moneda.

Irónicamente, fue en 1833 cuando se dio el mayor paso hacia la creación de un Estado con la adopción de un modelo territorial muy centralizado, a la francesa, con cincuenta provincias más o menos uniformes bajo la autoridad de un gobernador civil designado por Madrid, lo que sistematizaba el reparto de favores y, por lo tanto, fomentaba la corrupción. Aunque la idea de España existiera desde hacía mucho tiempo, el país parecía una amalgama poco compacta de provincias y regiones prácticamente independientes cuyas lenguas y dialectos a menudo eran ininteligibles entre sí. La definición de regiones y provincias de 1833 se modificó con posterioridad pero, a grandes rasgos, sigue siendo válida y puede reconocerse en el sistema actual de división de España en autonomías. De manera similar, otras medidas adoptadas en la década de 1840 marcaron el inicio de algo parecido a un Estado central, con un sistema tributario primitivo y divisorio y cuerpos de policía locales y nacionales. Sin embargo, con la excepción de la Guardia Civil, el proceso no llegó a culminar. Los impuestos no alcanzaban a financiar el Estado porque no gravaban las rentas, sino el consumo. Las formas antiguas de política, de influencia social y de patrocinio, como el caciquismo o el clientelismo, se impusieron a cualquier tipo de maquinaria política moderna, envenenando el desarrollo incipiente de la política electoral y dejando al Estado débil y sin más recursos que su capacidad de coerción.

Tras el proceso conocido como la “desamortización”, España dejó de ser una sociedad feudal en términos jurídicos y económicos, pero continuó siéndolo en términos sociales y políticos. Las élites rurales tradicionales conservaron su poder incluso hasta después de 1874, tras la restauración de la monarquía y el intento de Antonio Cánovas del Castillo de crear un Estado moderno. Dicho Estado funcionaba únicamente en la medida en que interesaba a los caciques locales. Solo con el auge de la industria en el País Vasco, Asturias, Cataluña y Madrid surgió la remota posibilidad de un tipo diferente de política, más moderna, pero en ese momento los intereses creados de la oligarquía terrateniente consiguieron imponerse a la burguesía reformista, que, presionada a su vez por las primeras muestras de descontento de la clase obrera, se apresuró a forjar una alianza con los caciques en la que adoptaron el papel de socio minoritario. La pérdida del imperio provocó el debilitamiento de esa alianza, que volvería a consolidarse, sin embargo, cada vez que la burguesía industrial necesitara echar mano de la maquinaria represiva, que era el principal activo del Estado. La presión a favor de cambios políticos y del desarrollo social se tachaba de “subversión”.

Richard Ford escribió en la década de 1840: “Una vez vimos a un español embozado que paseaba tristemente por el camposanto de Sevilla, y, cuando abrieron la fosa común, sacó de debajo de su andrajosa capa el cadáver de un niño, lo echó al hoyo y desapareció. Y así, medio mundo vive sin saber cómo muere el otro medio”. En una tierra en la que convivían una pobreza angustiosa con un Gobierno y una Iglesia igual de parasitarios, la ley no era respetada y a los contrabandistas y bandidos se los adoraba como a héroes. Cuando Ford preguntaba a los españoles dónde se escondían los bandidos, solían decirle que “no los encontraríamos en los caminos, sino en los confesionarios, en los bufetes de los abogados y, mejor aún, en las oficinas del Gobierno». De la Guardia Civil, Ford escribió que no eran más que unos sinvergüenzas que «se han utilizado en las ciudades tanto como en el campo, y en funciones políticas más que de pura policía, empleándolos en calmar a la opinión pública indignada, y, en vez de perseguir malhechores, apoya a criminales de primera línea, nacionales y extranjeros, que se dedican ahora a despojar a la pobre España de su oro y de sus libertades”.

Fundada por dos reales decretos el 28 de marzo y el 13 de mayo de 1844, la Guardia Civil pretendía ser un cuerpo de policía disciplinado de ámbito nacional, formado por hombres adscritos a las fuerzas armadas. Su organizador fue el inspector general del Ejército, el duque de Ahumada. Entre 1844 y la década de 1860, la Guardia Civil demostró ser un ejército de ocupación severo y brutal que protegía a los amos de los latifundios y las minas contra las iras de sus trabajadores. Pasó a formar parte del Ejército en 1878. El bandidismo se fue eliminando, pero la amenazante ubicuidad de la Guardia Civil obligó a los campesinos a dirigir su rebeldía contra ella y, por lo tanto, contra el Estado. “Todos y cada uno de los números de la Guardia Civil se convirtieron en promotores del anarquismo y, a medida que aumentaba la cifra de anarquistas, también aumentaban las filas de la Guardia Civil.” De hecho, desde el último cuarto del siglo XIX hasta la muerte del general Franco, muchos guardias civiles eran hijos de hombres que habían servido en el cuerpo.

La sensación de que la Guardia Civil era una institución hostil impuesta desde el exterior se intensificaba por el hecho de que los números tenían prohibida cualquier interacción social con los habitantes de la zona donde estuvieran destinados. No hace falta decir que esta prohibición no se hacía extensiva a los oficiales, que solían mantener relaciones cordiales con el clero local y con los propietarios de tierras, minas o fábricas. En los pueblos y aldeas, los guardias civiles y sus familias vivían en cuarteles fortificados conocidos como «casas cuartel». En Asturias, las empresas mineras a menudo mantenían la casa cuartel. En muchos lugares, era común que las “fuerzas vivas” locales y las organizaciones de la patronal obsequiaran a la casa cuartel con víveres, vino y, a veces, muebles. Estos regalos aparecían en la prensa local, así como en las publicaciones oficiales de la Guardia Civil, y reforzaban la percepción de que el cuerpo estaba al servicio de los ricos, una idea que se veía corroborada por el hecho de que los guardias civiles no podían estar destinados en la zona donde ellos o sus esposas hubieran nacido. En un país donde imperaba el sentimiento de la patria chica, donde a cualquier desconocido, más que como a un simple forastero, lo veían casi como a un extranjero, esta circunstancia aumentaba la animadversión hacia la Guardia Civil. En las aldeas mineras asturianas, por ejemplo, el odio hacia el cuerpo era intenso por razones políticas, pero también porque los agentes solían ser gallegos. No se les permitía desplazarse desarmados o solos, por lo que generalmente iban en parejas. Así, «sus relaciones con la clase trabajadora eran de abierta hostilidad y desconfianza. Viviendo como vivían entre sus enemigos, tenían el gatillo más que fácil”.

La Guardia Civil respondía agresivamente a cualquier agitación social. En particular, los difusores de la ideología anarquista se consideraban portadores de una doctrina extranjera especialmente perniciosa y bárbara. Los anarquistas eran «bestias dañinas», peores que los delincuentes comunes, debido a sus aspiraciones sociales utópicas. Por eso había que erradicar la influencia destructiva de “los que tienen ideas”. Los anarquistas eran, pues, enemigos de la sociedad y, sobre todo, de la Guardia Civil.

Ford creía que el mal gobierno y las malas comunicaciones eran la causa principal de la pobreza y el atraso económico:

Se necesita, en verdad, una fuerza enorme de apatía y mal gobierno para neutralizar la abundancia de cualidades con que la Providencia ha favorecido pródigamente a este país, el cual, bajo la dominación de los romanos y de los árabes, semejaba un Edén, un jardín exuberante y delicioso, cuando, según las palabras de un autor, no había nada baldío ni estéril —nihil otiosum, nihil sterile in Hispania—. Este aspecto ha cambiado notablemente; y ahora la masa de la Península ofrece un aspecto de abandono y desolación moral y física que entristece el ánimo […]. España es un país que no ha sido hasta ahora capaz de construir o sufragar los gastos de caminos y canales suficientes por su pobre y pasivo comercio y su escasa circulación.

Para el hispanista, la esencia del mal gobierno en España era la corrupción:

La pobreza pública es el azote del país, y todos los empleados se excusan con la terrible necesidad, viejo argumento de quien no tiene respeto a la ley. Sin embargo, hay que perdonar en parte esta rapacidad que, con muy pocas excepciones, prevalece, teniendo en cuenta que los sueldos, casi siempre cortos, se pagan generalmente con retraso, y que los servidores públicos, por lo común, pobres diablos, aseguran que se ven obligados a cobrarse, poniéndose de acuerdo para defraudar al Gobierno, en lo que no sienten escrúpulos, pues todos saben que es injusto y que puede soportarlo; y como todos son igualmente culpables, difícilmente se admite que haya en eso delito. Cuando el robo y el agio están a la orden del día, los pícaros se protegen unos a otros […]. Un hombre que no hace su agosto cuando está empleado, no se le cree honrado, sino tonto; es preciso que cada uno coma de su oficio, y como el sueldo es pequeño y poco seguro, no se desperdicia tiempo ni ocasión de llenar la bolsa […]. Podemos presentar como ejemplo un individuo que ejercía un alto cargo en una de las principales ciudades de Andalucía. En una ocasión en que entramos en su despacho, acertaba a salir de él una persona envuelta en su capa; la mesa del gran hombre estaba llena de onzas de oro, que él trasladaba a un cajón con gran complacencia, deleitándose en la hermosa redada […]. Este caballero, que había estado cesante durante la constitución de Riego, las había pasado muy duras, y aprovechaba el tiempo tomando prudentes precauciones para evitar en lo futuro parecidas calamidades. Su sistema era perfectamente conocido en toda la ciudad, en donde la gente decía con la mayor sencillez: «está atesorando», cosa que hubieran hecho todos si se hubiesen encontrado en las mismas afortunadas circunstancias. […] «Donde no hay abundancia no hay observancia, y honra y provecho no caben en un saco o techo»; y allí la virtud sucumbe muchas veces a manos de la pobreza, empujados a ello por más de medio siglo de desgobierno, con la ruina y desolación de la invasión francesa y las discordias civiles por añadidura.

Por mucho que a los intelectuales españoles les molestara el menosprecio de su país por parte de autores extranjeros, hubo quien también lo manifestó, aunque de forma distinta. Existe una bibliografía sustancial que se lamenta de la pérdida del Imperio español, de los fracasos militares constantes, de la inestabilidad política y el atraso económico. En noviembre de 1930, el intelectual Manuel Azaña, futuro presidente del Gobierno y de la Segunda República, se hizo eco del juicio de Richard Ford al afirmar que el sistema político funcionaba con dos motores: el autoritarismo despótico y la corrupción. El gran adepto del primero fue el general reaccionario Ramón María Narváez, quien fue siete veces presidente del Gobierno entre 1844 y 1868 y que pronunció en su lecho de muerte las célebres palabras: «No tengo enemigos, los he fusilado a todos». El mago de la falsificación electoral fue Luis José Sartorius quien, según Azaña, «eleva a sistema la corrupción política, y alcanza la maestría en el arte de fabricar parlamentos, sin diputados de oposición». En los años en los que Narváez y Sartorius colaboraron, según Azaña, «lo más granado de la sociedad española se aplica a vendimiar el poder».

El ciclo de desastres se vio interrumpido por una serie de luchas desiguales entre las fuerzas reformistas y las reaccionarias. Se puede discernir una pauta en la historia moderna de España, que surge de un frecuente desfase entre la realidad social y la estructura del poder político que la gobierna. Los largos periodos durante los cuales los elementos conservadores o reaccionarios han intentado usar el poder político y militar para frenar el progreso social han sido seguidos por arrebatos de fervor revolucionario. En la década de 1850, la de 1870, entre 1917 y 1923, especialmente entre 1931 y 1936 y, finalmente y con éxito, de 1975 a 1977, se intentó alinear la política española con la realidad social del país. Los esfuerzos para introducir reformas fundamentales, especialmente en la tierra, y para redistribuir la riqueza, provocaron esfuerzos reaccionarios para detener el reloj y restaurar el equilibrio tradicional de poder social y económico. Así, los movimientos progresistas fueron aplastados por el general O’Donnell en 1856, por el general Pavía en 1874, por el general Primo de Rivera en 1923 y por el general Franco entre 1936 y 1939.

En ese sentido, la Guerra Civil de 1936-1939 representó el esfuerzo más denodado de los elementos reaccionarios de la política española para aplastar cualquier proyecto de reforma que pudiera amenazar su posición de privilegio. El dominio perdurable de las fuerzas reaccionarias reflejaba la continuidad del poder en manos de la oligarquía terrateniente y, en paralelo, la debilidad de la burguesía progresista. El desarrollo terriblemente lento y desigual del capitalismo industrial español explicaba la existencia de una clase mercantil y de industriales numéricamente pequeña y políticamente débil. España no experimentó una revolución burguesa clásica en la que se rompieran las estructuras del Antiguo Régimen. El poder de la monarquía, la nobleza terrateniente y la Iglesia se mantuvo más o menos intacto hasta bien entrado el siglo XX. A diferencia de Gran Bretaña y Francia, la España del siglo XIX no asistió al establecimiento de una política incipientemente democrática con la flexibilidad necesaria para absorber nuevas fuerzas y adaptarse a los grandes cambios sociales. La base legal del capitalismo se estableció sin que se diera una revolución política y pese a la supervivencia de elementos del feudalismo. Así pues, con la diferencia evidente de que su capitalismo industrial era extremadamente débil, España siguió el modelo político establecido por Prusia.

En el marco de este modelo autoritario, hasta los años cincuenta del siglo pasado, el capitalismo que predominó en España fue agrario, excepto en Asturias, Cataluña y el País Vasco. La agricultura es de una diversidad inmensa en cuanto a clima, cultivos y sistemas de propiedad de la tierra. Existen, desde hace mucho tiempo, zonas con explotaciones de tamaño pequeño y mediano y con éxito comercial, sobre todo en las verdes y húmedas montañas y valles de las regiones del norte que también experimentaron la industrialización. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, los sectores dominantes en cuanto a influencia política fueron, en general, los grandes terratenientes. En su mayoría, los latifundios se concentran en las regiones secas del centro y el sur, como Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía, aunque también existan importantes latifundios dispersos en partes de Castilla la Vieja, sobre todo, en Salamanca. El monopolio político de la oligarquía terrateniente solo en alguna ocasión tuvo que hacer frente a tímidos desafíos de unas clases industriales y mercantiles carentes de energía, cuyos esfuerzos, debido a su dependencia del poder represor del Estado (en manos de la oligarquía), no servían de mucho. Hasta bien entrados los años cincuenta del siglo pasado, la alta burguesía urbana se vio obligada a desempeñar el papel de socio minoritario en una alianza con los grandes latifundistas. A pesar de la industrialización esporádica y el crecimiento constante de la importancia nacional de los representantes políticos de los industriales del norte, el poder se mantuvo firmemente en manos de los terratenientes.

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En España, la industrialización y la modernización política no fueron de la mano. En la primera mitad del siglo XIX, los impulsos progresistas, tanto en lo político como en lo económico, de la burguesía española siguieron otros cursos. La desamortización consistió en la expropiación de grandes extensiones de tierras eclesiásticas y municipales y la abolición de las manos muertas, restricciones feudales a las transacciones de tierras. El proceso había arrancado a ritmo lento a fines del siglo XVIII, pero lo aceleró en 1836 el presidente del Consejo de Ministros liberal, Juan de Dios Álvarez Mendizábal. Este había cambiado su apellido original, Álvarez Méndez, para ocultar el hecho de que provenía de una familia de judíos que vendía ropa de segunda mano en Cádiz. Era un hombre de negocios hecho a sí mismo que había adquirido fama de genio de las finanzas tras amasar una fortuna en Londres. Para Mendizábal, la expropiación y venta de las tierras de las órdenes religiosas era una forma de resolver los problemas financieros de la monarquía, creados por las guerras carlistas de la década de 1830. Mendizábal creía que, con ellas, sentaba las bases de la futura prosperidad de España al crear un campesinado minifundista autosuficiente, «una copiosa familia de propietarios». Sin embargo, en interés de la Corona, las propiedades confiscadas se subastaron en grandes lotes, que estaban fuera del alcance de los pequeños propietarios de la época. Además, el hecho de que los lotes se vendieran muy por debajo de su precio de mercado y, a menudo, a crédito —algo que solo podían obtener los ricos— provocó que una de las principales consecuencias de la desamortización fuese la consolidación del latifundismo. La otra fue que la privatización de la propiedad puso en explotación tierras que hasta entonces habían permanecido inactivas o escasamente cultivadas. Sin embargo, con esto no bastaba para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento constante, sobre todo en el sur.

En 1841, el general Baldomero Espartero extendió las expropiaciones a todas las propiedades de la Iglesia. Se liberaron enormes extensiones de tierras eclesiásticas y comunales para financiar el esfuerzo de guerra liberal. Este proceso se intensificó a partir de 1855 en virtud de la Ley Pascual Madoz, que abrió el camino a la adquisición de tierras comunales por los particulares, a menudo mediante una simple combinación de artimañas legales y mano dura. La aristocracia terrateniente se benefició porque así sus fincas salían de las manos muertas, pero sin ser expropiadas. De este modo, podían comprar y vender esos terrenos y racionalizar su patrimonio. En 1875, tres cuartas partes de las tierras que cuarenta años antes habían pertenecido a la Iglesia o a los municipios se hallaban ya en manos privadas. Esto no solo frenó todo impulso hacia la industrialización, sino que, al ayudar a expandir los latifundios, también fomentó el odio social en el sur. Las tierras recién liberadas fueron adquiridas por los terratenientes y aristócratas más sagaces, así como por abogados y miembros de la burguesía comercial y mercantil que se sintieron atraídos por su bajo precio y elevado prestigio social. El latifundismo se consolidó y, a diferencia de sus ineficientes antecesores, los nuevos propietarios estaban ansiosos por sacarle rendimiento a su inversión y consideraban la tierra como un activo que había que explotar para obtener el máximo beneficio. No obstante, ni los antiguos ni los nuevos propietarios estaban dispuestos a invertir en innovaciones técnicas. El juicio de Richard Ford en la década de 1840 sobre la «general dilapidación» seguía siendo válido al cabo de noventa años: «El terrateniente de la Península es poco más que un hierbajo del suelo; nunca ha observado ni apenas permitido que otros observen el gran partido que podría y debería sacarse de las cosas». Una consecuencia evidente fue el aumento de los robos de animales domésticos y los asaltos a panaderías y demás comercios. Eso no significa que todos los delitos violentos fueran provocados por las privaciones: los crímenes sexuales y de honor eran también muy frecuentes.

El capital de los comerciantes de los grandes puertos marítimos y de los banqueros de Madrid se desvió de la industria para ir a parar a la compra de tierras con fines especulativos y también por el prestigio social que la acompañaba.  La inversión en tierras y los frecuentes enlaces matrimoniales entre los miembros de la burguesía urbana y de la oligarquía terrateniente rebajaron las ansias de reformismo de la primera. La debilidad de la burguesía española como clase potencialmente revolucionaria se puso de manifiesto durante el periodo de 1868 a 1874, que culminó en el caos de la Primera República. El crecimiento de la población a mediados de siglo había aumentado la presión sobre la tierra. La mano de obra no cualificada de las zonas rurales acudía en masa a las ciudades, donde pasaba a engrosar el número de desempleados que sobrevivían en la marginalidad. Así fue sobre todo en el caso de Barcelona, en gran parte debido al hundimiento del sector vinícola a consecuencia de la crisis de la filoxera a partir de 1880. El número de habitantes se duplicó con creces entre 1860, cuando representaba la octava parte de la población total de Cataluña, y 1900, cuando ya era más de una cuarta parte. El nivel de vida de la clase media baja urbana, integrada por maestros, funcionarios y tenderos, era casi tan miserable como el de los obreros no cualificados. Uno de los sectores más conflictivos en la región era la industria textil, en la que los horrores del capitalismo incipiente (largas jornadas laborales, explotación de la mano de obra infantil, hacinamiento en condiciones de vida insalubres y salarios de hambre) produjeron agudas tensiones sociales que pronto darían paso al terrorismo anarquista. En la década de 1860, cuando los suministros de algodón cayeron en picado debido a la Guerra de Secesión de Estados Unidos, el aumento del paro se vio agravado por el hundimiento de la construcción ferroviaria, todo lo cual llevó a la desesperación de la clase obrera en las ciudades. Hasta bien entrado el siglo XX, los gobiernos de Madrid, en cuanto que representantes de los intereses agrarios, mostraron una comprensión escasa o nula de los problemas del proletariado industrial creciente y militante de Cataluña. Por ello, el conflicto social se abordó exclusivamente como un problema de orden público. De los ochenta y seis años que median entre 1814 y 1900, durante sesenta Cataluña se encontró en estado de excepción, lo que en la práctica significaba bajo la autoridad militar. Además, la cuarta parte de las fuerzas armadas españolas estaban acuarteladas allí, donde vivía aproximadamente el diez por ciento de la población del país, una circunstancia que se debía tanto al carlismo rural como al anarquismo urbano.

En 1868, la clase trabajadora, cada vez más descontenta, se alió con la clase media y los militares, cada vez más desafectos debido a las tendencias clericales y ultraconservadoras de la monarquía, y a los escándalos económicos y sexuales en los que se vio involucrada la reina Isabel II. En septiembre de 1868, se produjeron varios pronunciamientos que culminaron en el del general Joan Prim, que coincidió con el estallido de disturbios en las ciudades. Todo ello provocó el derrocamiento y el exilio de la reina. En el fondo, las dos fuerzas que impulsaron la revolución que se conoce con el sobrenombre de Gloriosa eran hostiles entre sí. La clase media liberal y los oficiales del Ejército, que se habían propuesto reformar la estructura constitucional del país, descubrieron alarmados que habían despertado un movimiento revolucionario de masas a favor del cambio social y allanado el camino a seis años de inestabilidad, conocidos como el «Sexenio Revolucionario». Además, a dicha inestabilidad vino a sumársele, entre 1868 y 1878, el estallido en Cuba, la colonia más rica de España, de una rebelión contra la metrópolis. En noviembre de 1870, Prim acabó ofreciendo el trono a Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia. Amadeo no tenía habilidades políticas ni lingüísticas como para lidiar con los problemas a los que se enfrentaba. Por si fuera poco, el 30 de diciembre, el mismo día de la llegada del nuevo rey a España, Prim fue asesinado. Desde el principio, Amadeo se encontró con la oposición de los republicanos, de los partidarios del hijo de trece años de Isabel II, Alfonso, y de los carlistas. En 1872, comenzó la tercera guerra carlista. El triunfo de la rebelión en el País Vasco y Cataluña permitió el afianzamiento de una especie de Estado carlista, desorganizado y basado en algo parecido a un bandolerismo de inspiración religiosa.

En el campo catalán, la mayoría de los pequeños propietarios y agricultores eran carlistas, no solo por el clericalismo del movimiento, sino también por su defensa de los fueros, es decir, de la autonomía. Así, en Cataluña, y también en el País Vasco, los vínculos de la Iglesia con los carlistas contribuyeron a apoyar a los independentistas de ambas regiones. Desde mediados del siglo XIX, hubo un resurgir del sentimiento catalanista, de la literatura catalana y de la lengua, cuyo uso oficial había sido prohibido desde el siglo XVIII. Este renacer, la Renaixença, se intensificó con el movimiento federalista desde 1868 hasta el hundimiento de la Primera República. En ninguna parte el federalismo fue tan fuerte como en Cataluña. Otro factor que contribuyó a la desafección de los catalanes fue el resquemor por su falta de influencia en el Gobierno central. Entre 1833 y 1901, fueron nombrados 902 ministros. Solo 24 de ellos, el 2,6 por ciento del total, eran catalanes. Como consecuencia, el catalanismo prosperó no solo en las zonas rurales, sino también en Barcelona, donde encontró adeptos entusiastas entre la burguesía. En 1892, se formó una federación de grupos catalanistas de clase media y alta, la Unió Catalanista. Su programa, las Bases de Manresa, pedía la restauración de un gobierno autónomo, un sistema fiscal propio, la protección de la industria catalana y la oficialidad del catalán. Con la excepción de un breve periodo de 1906 a 1909, desde 1868 hasta la dictadura de Primo de Rivera —en los años veinte del siglo pasado—, el nacionalismo catalán sería un movimiento en buena medida conservador.

En vista de la guerra civil, la revuelta colonial y las profundas divisiones de la clase política, un desesperado Amadeo de Saboya renunció al trono el 11 de febrero de 1873. Las divisiones políticas ya mencionadas provocaron que en las elecciones de mayo se impusieran los republicanos y el 1 de junio se proclamara la Primera República. Bajo la presidencia del federalista catalán Francesc Pi i Margall, se adoptó una estructura descentralizada y España se dividió en once cantones autónomos. Se propusieron una serie de reformas audaces, incluida la abolición del servicio militar obligatorio, la separación de la Iglesia y el Estado, la enseñanza obligatoria y gratuita universal, la jornada de ocho horas, la regulación del trabajo femenino y el trabajo infantil, la expropiación de las tierras sin cultivar y la creación de cooperativas agrarias. La combinación de unos cantones implantados a toda prisa, la confiscación de terrenos, una violenta huelga general revolucionaria en Alcoy, la rebelión carlista, la sublevación en Cuba, brotes de anticlericalismo y la alarma provocada por los proyectos de reforma hizo que el régimen federal de Pi i Margall fuera visto como una amenaza intolerable para el orden establecido. El Gobierno republicano fue derrocado por el general de artillería Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque, que aplastó el movimiento cantonalista y estableció un gobierno conservador bajo el mando del general Francisco Serrano. Aunque los carlistas estaban prácticamente derrotados, Serrano no consiguió consolidar la República conservadora. El 29 de diciembre de 1874, en Sagunto, el joven brigadier Arsenio Martínez Campos proclamó rey de España al príncipe Alfonso, que a la sazón tenía diecisiete años. Uno de los rumores menos insidiosos sobre la vida sexual de su madre, la reina Isabel II, era que el padre de Alfonso había sido Enric Puigmoltó, un capitán valenciano de Ingenieros. Después de que su madre se exiliara, Alfonso se había educado sucesivamente en París, Viena y la academia militar británica de Sandhurst.

El 26 de junio de 1878, la esposa de Alfonso XII, María de las Mercedes de Orleans, murió de tifus, dos días después de haber cumplido dieciocho años. Alfonso quedó destrozado, y su posterior refugio en el alcohol y las aventuras sexuales no contribuyó precisamente a mejorar su precaria salud. De hecho, la muerte de su esposa fue simplemente la primera de una serie de desgracias. Los esfuerzos por sofocar la rebelión en Cuba acabaron suponiendo la pérdida de doscientas mil vidas humanas y una sangría insostenible de los recursos estatales. En agosto de 1878, se produjo una algarada republicana en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, que fue reprimida con facilidad; pero el simple hecho de que se produjera revelaba la existencia de problemas subyacentes. El 15 de octubre de 1878, Alfonso XII fue objeto de un intento de asesinato frustrado por parte de Joan Oliva i Moncusí, un tonelero anarquista de Cabra del Camp (Tarragona). Oliva le disparó dos veces con una pistola de dos cañones, pero falló. Fue ejecutado a garrote vil el 4 de enero de 1879. Al cabo de catorce meses, el 30 de diciembre de 1879, se produjo una segunda tentativa de asesinato. El rey se había vuelto a casar hacía apenas un mes, el 29 de noviembre. Regresaba de un paseo por el Retiro con su segunda esposa, la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, cuando un pastelero gallego de veinte años, Francisco Otero González, les disparó. También erró el tiro, y fue ejecutado a garrote vil el 14 de abril de 1880.

Mientras tanto, Arsenio Martínez Campos había tenido cierto éxito contra los insurgentes cubanos. Gracias a una combinación de tácticas antiguerrilleras decididas, sobornos y negociaciones conciliatorias, había logrado la Paz de Zanjón. Como gobernador general, instó a una reforma profunda de la educación y la economía, sobre todo de la presión fiscal que soportaban los cubanos y de los aranceles españoles a las importaciones de azúcar, tabaco y café de la isla. Cánovas se alarmó muchísimo, porque las medidas propuestas constituían una grave amenaza para la economía española. Su solución fue invitar a Martínez Campos a formar gobierno en junio de 1879, un gabinete que Cánovas pretendía controlar entre bastidores. El experto en amaños electorales de Cánovas, Francisco Romero Robledo, tenía amigos entre los dueños de las plantaciones cubanas que se oponían rotundamente a las reformas propuestas por Martínez Campos e hicieron todo lo posible por desestabilizar al flamante presidente del Consejo de Ministros. Profundamente decepcionado, Martínez Campos dimitió al cabo de seis meses, el 7 de diciembre de 1879, y fue sustituido por Cánovas. En el transcurso de 1880 y 1881, solo se implementó una mínima parte de las reformas de Martínez Campos, lo que provocó que se reanudara la guerra de Cuba. El 7 de febrero de 1881, Alfonso XII ejerció su prerrogativa real y retiró la confianza a Cánovas en beneficio de Práxedes Mateo Sagasta, tras lo que promulgó un decreto de disolución de las Cortes.[38] Poco cambió con la caída de Cánovas. Los problemas económicos internos de España hicieron que Martínez Campos, quien se había convertido en ministro de la Guerra de Sagasta, no pudiera aplicar las reformas propuestas. Además de los dueños de las plantaciones, los productores de trigo temían la pérdida del mercado cubano en beneficio de los productores norteamericanos. Los industriales catalanes y los fabricantes de calzado de Valencia y Alicante también dependían del mercado cubano protegido por aranceles.

En muchos aspectos, la caótica etapa de 1873-1874 fue para España el equivalente de 1848-1849 para el resto de Europa. Tras hacer acopio de coraje para desafiar el orden antiguo y establecer una república efímera, la burguesía liberal renunció a sus pretensiones de reforma ante el espectro de la revuelta del proletariado. Cuando el Ejército restauró la monarquía en la persona de Alfonso XII, las clases medias abandonaron sus ideales reformistas a cambio de la paz social. La subsiguiente relación de fuerzas entre la oligarquía terrateniente, la burguesía urbana y el resto de la población estuvo perfectamente representada por el sistema político de la restauración monárquica de 1876. De hecho, apenas difería del anterior en su composición, salvo por un elemento clave: que los partidos se irían turnando en el poder pacíficamente en lugar de por una combinación de insurrecciones y golpes militares. Se formó un gobierno provisional bajo el mandato del conservador Antonio Cánovas del Castillo, quien rápidamente comenzó a redactar una nueva Constitución. Tras sesenta años de guerras civiles, desgobierno militar y corrupción política, Cánovas estaba convencido de que hacía falta una etapa de tranquilidad en la que la industria pudiera desarrollarse.

Cánovas era un hombre culto y muy leído que creía que la prosperidad de la que disfrutaba la potencia hegemónica de la época, Gran Bretaña, era el resultado de la estabilidad que le proporcionaba su sistema bipartidista. Su admiración por el sistema parlamentario británico parece que llegó hasta el punto de empujarle a aprenderse de memoria algunos de los discursos de Gladstone y Disraeli. En un intento de emular el éxito británico, se había propuesto copiar, al menos en apariencia, lo que consideraba su secreto. Estaba decidido tanto a excluir al Ejército del poder político como a no correr el riesgo de que un electorado radical socavara su pretensión de consolidar la monarquía recién restaurada. Así, se elaboró un trasunto del sistema británico por el cual el Partido Conservador, dirigido por él mismo, y el Partido Liberal, encabezado por Práxedes Mateo Sagasta, se turnarían en el poder. La herramienta necesaria para que el sistema funcionara sin la interferencia del electorado era el fraude electoral. El sistema se conocería con la denominación de «turno pacífico», la alternancia pactada de los dos partidos monárquicos o «dinásticos». Así, el turno, en palabras del reformista liberal Gumersindo de Azcárate, distaba mucho de ser una imitación del sistema británico, del que en realidad era «una parodia ridícula en que todo es farsa y mentira». Salvador de Madariaga escribió que Cánovas «confió en la fuerza y la ficción» y lo describió como «personalmente honesto y honorable», pero «el más corrupto de la vida política que la España moderna ha conocido».

La microgestión de las elecciones garantizó que, durante los casi cincuenta años que siguieron, el poder quedase en manos de las mismas familias que lo habían tenido antes de 1876. Dinastías enteras, padres, hijos y yernos, hermanos y cuñados monopolizaban los escaños de las Cortes, como demuestra el caso de la familia de Álvaro de Figueroa, conde de Romanones (Guadalajara), con tentáculos en Baeza y Úbeda (Jaén), Castuera (Badajoz) y Cartagena (Murcia). Un ejemplo igualmente notable es el de la familia de Eugenio Montero Ríos, el principal cacique de las cuatro provincias de Galicia, que fue ministro de Fomento desde 1885 hasta 1886, ministro de Gracia y Justicia entre diciembre de 1892 y julio de 1893 y, finalmente, presidente del Consejo de Ministros en 1905. Desde su residencia de Lourizán (Pontevedra), utilizó su influencia para promover las carreras políticas de sus hijos y su yerno. Sagasta estaba igualmente atento al bienestar parlamentario de sus yernos. Francisco Silvela y de Le Vielleuze, que acabaría sucediendo a Cánovas al frente del Partido Conservador, era el cacique todopoderoso de Ávila. Aunque criticase el fraude electoral del turno pacífico, colocó a los miembros de su familia en algunos de los cargos gubernamentales más importantes. Juan de la Cierva y Peñafiel, el omnipotente cacique de Murcia, promovió de manera similar a los de su estirpe. De hecho, no era raro que los escaños parlamentarios, los altos cargos administrativos del Gobierno y, a veces, incluso los ministerios se transmitieran hereditariamente de padres a hijos.

Los dos partidos políticos no tenían una ideología o unas políticas claramente definidas, sino que eran grupos de notables que representaban los intereses de dos sectores de la oligarquía terrateniente. Los conservadores velaban sobre todo por la tranquilidad de los viticultores y olivareros del sur, mientras que los liberales protegían los intereses de los cultivadores de trigo del centro. Las diferencias entre ellos eran mínimas. Eran conocidos como los partidos «dinásticos», porque ambos estaban comprometidos con la monarquía y no estaban divididos en cuestiones relacionadas con el orden social o la inviolabilidad de la propiedad privada. Como su nombre indicaba, los liberales eran menos autoritarios y, a diferencia de los conservadores, que eran firmemente católicos, solían mostrarse más críticos con la Iglesia. Las principales diferencias tenían que ver con el comercio. Los conservadores favorecían el libre comercio, tal como les exigían los productores de frutas y vinos para la exportación, que constituían su grupo de apoyo, mientras que los liberales representaban los intereses de los ineficientes productores de trigo, que querían estar protegidos frente a la gran competencia internacional que representaban Canadá, Argentina y Australia. Para ilustrar el problema, en 1884, en Barcelona, el 60 por ciento de todo el trigo que se consumía procedía de Castilla, pero dos años más tarde era solo un 10 por ciento. Los distintos sectores de la burguesía industrial del norte apenas estaban representados dentro del sistema, pero de momento se conformaban —tal y como esperaba Cánovas— con centrarse en exclusiva en la expansión económica en un clima de estabilidad. Hasta que, a principios del siglo XX, comenzaron a organizar sus propios partidos, los fabricantes textiles catalanes tendían a apoyar a los liberales debido a su interés común por los aranceles, en su caso, para proteger el mercado español de la competencia de los productos británicos e indios, más baratos. En cambio, los vascos, que exportaban mineral de hierro, solían apoyar a los conservadores librecambistas. Sin embargo, debido a su falta de representación, la burguesía industrial catalana se veía obligada a actuar como poco más que un grupo de presión. Así, a pesar de sus intereses comunes con los proteccionistas agrarios, tanto liberales como conservadores podían atacarlos como portavoces del nacionalismo catalán.

Era prácticamente imposible que las aspiraciones políticas encontraran expresión legal a menos que les interesara a los dos grandes partidos oligárquicos. Los gobiernos liberales y conservadores se sucedían con regularidad soporífera. Rafael Shaw, un periodista inglés que vivía en Barcelona, escribió en 1910:

Los cambios de gobierno en España son el resultado de un acuerdo tácito suscrito hace unos treinta años por Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, que por aquel entonces eran los líderes de los dos principales partidos, el liberal y el conservador, y que luego tendría continuidad con sus sucesores, que a cada bando tenía que corresponderle su parte justa de los panes y los peces. Después de que un bando gobernase durante tres o cuatro años, se decidía de común acuerdo que ya le correspondía el turno al otro bando. Así, como dice el comandante Martín Hume, «gobernantes deshonestos se enfrentan en un simulacro de combate a opositores deshonestos, y las instituciones parlamentarias, en lugar de poner coto públicamente a los abusos, son apenas una máscara tras la cual un gran número de políticos pueden practicar sus nefastos trapicheos con impunidad».

La impotencia del electorado para cambiar este sistema se debía a lo que Shaw describió como «los tentáculos de pulpo de la corrupción que atenazan por entero al país. La verdad pura y simple es que la gran masa de la gente no tiene ninguna voz en la elección de sus representantes. Se supone que las elecciones son libres; en realidad, no lo son».

En teoría, los gobiernos permanecían en el poder durante cinco años, pero, en la práctica, dimitían debido a derrotas en unas votaciones concretas, a la hostilidad de la opinión pública, a la pérdida del apoyo del partido al presidente del Consejo de Ministros o a la perspectiva de algún problema social o económico insuperable. El rey, en teoría, como portavoz de la opinión pública o, en realidad, en función de sus prejuicios o caprichos, estaba facultado para cambiar de Gobierno, porque podía forzar la dimisión del gabinete, tras lo cual podía decidir a quién otorgaba un real decreto de disolución de las Cortes. El frívolo Alfonso XIII abusaba de dicha potestad.  El presidente del Gobierno recién elegido —a menudo, pero no siempre, el líder del partido de la oposición— formaba gobierno. A continuación, él y su ministro del Interior pasaban los meses siguientes amañando una victoria electoral que justificara la presencia de su partido en el poder y diera al partido saliente una presencia razonable en las Cortes. Tras examinar las solicitudes de ambos partidos, se confeccionaban listas de candidatos que garantizaran una mayoría sustancial. Este proceso se llamaba el «encasillado» porque cada candidato, al obtener un escaño, se colocaba en una casilla. Pronto se llegaba a un acuerdo entre ambos partidos de modo que el vencedor en las elecciones obtuviera, de promedio, el 65 por ciento de los escaños en las nuevas Cortes. A veces los resultados se falseaban en el Ministerio del Interior, pero lo más frecuente era que se amañasen a escala local o regional. La tarea de asegurar la elección de los candidatos seleccionados recaía en los gobernadores civiles de cada provincia, que a su vez se encargaban de negociar con los caciques locales. Estos proporcionaban los votos para los postulantes del Gobierno a cambio de recibir sus favores. A los candidatos seleccionados en Madrid que se lanzaban luego a la circunscripción correspondiente, los llamaban «cuneros». Por término medio, la mitad de los electos eran cuneros, o sea, que no tenían vínculos con el distrito al que representaban. Sin embargo, a veces los oligarcas locales aceptaban gustosos a un cunero porque su influencia política era buena para la zona.

Los dos partidos vivían así en un pacto de no agresión que era una parodia del sistema democrático, ya que la formación de gobierno no tenía nada que ver con la voluntad del electorado. Solo después de que los gobiernos fueran designados por el rey se celebraban las elecciones, cuyos resultados amañaba cuidadosamente el partido en el poder para conseguir, de promedio, esa holgada mayoría de dos tercios de los votos. La aparente humillación de semejante derrota del bando contrario resultaba aceptable, porque este tenía la certeza de que la próxima vez cosecharía una victoria igual de espectacular. Ambos partidos dinásticos obtuvieron entre el 98 por ciento de los escaños parlamentarios en 1884 y el 83 por ciento en 1901. Comparados con ellos, los republicanos y los carlistas tenían muchos menos representantes. El carácter relativamente uniforme de la alternancia lo ilustra el hecho de que, de todos los diputados «electos» entre 1879 y 1901, 1.748 fueran conservadores y 1.761, liberales. El fraude electoral garantizaba que los intereses muy concretos por los que velaba el sistema no se vieran nunca seriamente amenazados. El entramado se basaba en el poder social de los caciques locales. En las zonas minifundistas del norte, el cacique podía ser un prestamista, un gran terrateniente, un abogado o incluso un sacerdote, que concediese hipotecas a las pequeñas explotaciones. La amenaza de una ejecución hipotecaria aseguraba el voto. En las zonas latifundistas, como Castilla la Nueva, Extremadura o Andalucía, el cacique solía ser el terrateniente o su representante, el hombre que decidía quién trabajaba y, por lo tanto, qué familias no pasaban hambre. Así pues, el cacique podía adquirir los votos de distintas formas, que iban desde la intimidación, gracias a un dominio férreo del mercado laboral local, hasta la concesión de favores y sobornos.

El control de los aparatos administrativos y judiciales locales permitía al cacique otorgar veredictos favorables en disputas de tierras, empleos, rebajas fiscales o exenciones del servicio militar a los miembros de su red clientelar. Cada vez que cambiaba el Gobierno se producía un trasiego en masa de puestos de trabajo, desde los porteros y barrenderos más humildes hasta los gobernadores civiles, los jueces y los altos funcionarios, todos los cuales debían votar siguiendo las instrucciones. Después de que los comicios de 1875 fueran amañados por el ministro del Interior de Cánovas, Francisco Romero Robledo, sir Austen Henry Layard, embajador británico en España de 1869 a 1877, informó al Ministerio de Asuntos Exteriores de su país de que la práctica totalidad de empleados a sueldo de la Administración habían sido sustituidos por partidarios de Alfonso XII. No existía un funcionariado permanente o un poder judicial que se debiera solo a la nación. El propio sistema fomentaba la corrupción al garantizar que la Administración pública estuviera al servicio del beneficio particular. Así se creó la tradición, que perdura en la actualidad, según la cual pocos alcaldes salen de los ayuntamientos más pobres de lo que entraron.

El general Eduardo López de Ochoa escribió en 1930 que la mayoría de los jueces y magistrados debían el cargo a intrigas políticas y emitían sentencias que favorecían a sus patrocinadores. Lo mismo valía para secretarios y funcionarios judiciales. Del gran cacique Juan de la Cierva, se decía que en la provincia de Murcia no caía ni una sola hoja sin su permiso. López de Ochoa afirmaba que De la Cierva tenía a varios jueces del Tribunal Supremo en el bolsillo, por lo que siempre podía contar con sentencias favorables para él o sus amigos. El mismo López de Ochoa cita a un profesor de derecho según el cual «los delitos de hurto y de robo solo existían en España tratándose de cantidades inferiores a cien mil pesetas, de ahí en adelante los denominamos negocios financieros». En cualquier asunto, civil o penal, que pasara por los tribunales, había que reservar una cantidad para untar las ruedas de la «justicia».

Acusaciones parecidas a las que hemos visto sobre Juan de la Cierva se formularon contra muchos otros caciques poderosos que también controlaban provincias enteras: Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, Guadalajara; el magnate del trigo Germán Gamazo, Valladolid; Juan Poveda y Antonio Torres Orduña, Alicante; Carlos O’Donnell, duque de Tetuán, Castellón; Pedro Rodríguez de la Borbolla, Sevilla; Manuel de Burgos y Mazo, Huelva; Gabino Bugallal, Orense, y Augusto González Besada, Lugo.[51] Con el recaudador de impuestos, el alcalde y el juez a sus órdenes, el cacique podía adueñarse de las tierras comunales, dejar que su ganado pastara en los terrenos de sus vecinos, dejar sin agua las fincas de sus enemigos y encauzarla hacia las suyas o las de sus amigos y realizar obras en sus propiedades a cargo del municipio. Un abogado terrateniente de Almería comentó en cierta ocasión: «Cuatro rateros con sombrero de copa y cuatro matones: ésta suele ser la plana mayor de un partido». En la misma línea, el exministro de Justicia Pedro José Moreno Rodríguez dijo que «los que antaño perseguía la Guardia Civil forman hoy la guardia de las autoridades». Era sintomático del descaro con el que funcionaba el sistema que, a pesar de que la prensa publicara denuncias demoledoras sobre el caciquismo, la indignación de la opinión pública no cambiaba nada. La creencia general era que los estamentos inferiores del sistema caciquil, los alcaldes y los secretarios, solían haber pasado una temporada en la cárcel y, si no lo habían hecho, era por la influencia de los caciques que controlaban la judicatura local.

A escala provincial, el cacique era un intermediario privilegiado entre el Gobierno y los votantes. El nuevo ministro del Interior elegía a los gobernadores civiles de cada provincia y este cuadraba a los caciques. La influencia que permitía al cacique suministrar los votos necesarios al Gobierno dependía en parte de la distribución de dádivas de las arcas públicas, que podían adoptar la forma de un nuevo trazado de una carretera o una vía férrea o la construcción de un puente, que extendieran la influencia del cacique sobre una localidad o incluso una provincia entera. La lealtad de la red clientelar del cacique también dependía de la protección de la familia y los amigos ante la ley, el fisco o el servicio militar. Se calcula que más de un tercio de la correspondencia escrita de los principales políticos de la Restauración consistía en peticiones de voto o cartas de recomendación para aquellos cuyos votos eran necesarios. Además, la mayor parte de esa correspondencia se escribió justo antes o justo después de unas elecciones. Se dice que los domicilios de Sagasta y Cánovas en Madrid se veían asediados a diario por aspirantes a cargos públicos o solicitantes de favores como obras públicas en su distrito. La construcción de carreteras en beneficio de los caciques locales era algo tan habitual que llegaron a llamarlas «carreteras parlamentarias».

A veces, los funcionarios locales demasiado entusiastas producían mayorías de más del cien por cien del electorado. No era insólito que se publicaran los resultados antes de celebrarse las elecciones. A medida que avanzaba el siglo, a raíz de la introducción del sufragio masculino universal, el fraude se fue volviendo cada vez más difícil y, si no se podía reunir el número necesario de votos, los caciques a veces incluían a los muertos del cementerio local en el censo de votantes. Más corriente era que enviasen grupos de votantes a sueldo, las «cuadrillas de votantes», de aldea en aldea para que votaran al partido del Gobierno. En 1879, Romero Robledo usó la técnica de «escuadrillas volantes»: doscientos aragoneses que iban de un colegio electoral de Madrid a otro votando repetidamente. Se dijo que un hombre había votado cuarenta y dos veces. En Madrid, en 1896, los votantes ficticios, conocidos como «lázaros», utilizaban los nombres de electores ya fallecidos. La manipulación del censo electoral o la suma o resta de votos se llamaban «pucherazo» o, en catalán, «tupinada». A veces, la prensa local publicaba anuncios falsos en los que se informaba de que un candidato rival había retirado su candidatura. Algo más común era cambiar la fecha de las elecciones para que los votantes hostiles no llegasen a tiempo, o poner matones para que intimidaran a los electores rivales. En otras ocasiones, las urnas se colocaban en sitios donde los votantes no estuvieran dispuestos a ir, como hospitales de enfermos contagiosos, pocilgas o en lo alto de un tejado. En 1891, en un colegio electoral de Murcia, el presidente de mesa obligó a los participantes en los comicios a introducir las papeletas de votación por una ventana para que él pudiera cambiarlas con toda comodidad. También había quien se aprovechaba de los que sencillamente no se molestaban en votar. Si el recuento no iba por el cauce previsto, enviaban matones a atacar los colegios electorales y apoderarse de las urnas. A veces, a los que era más probable que votasen por candidatos no oficiales, los encarcelaban o los amenazaban con investigar su situación fiscal. Aunque lo más frecuente era el simple fraude en el recuento de votos.

Por todo lo expuesto, la política se convirtió en un paripé reservado a una minoría de privilegiados. Además de los caciques que estaban comprometidos con uno u otro de los partidos, como el conservador De la Cierva o el liberal Gamazo, había prohombres dispuestos a trabajar para ambos, como ilustra la anécdota del cacique de Motril (Granada). Cuando llegó la diligencia desde la capital de provincia con los resultados de las elecciones y se los trajeron al casino, este, tras hojearlos, declaró al público expectante: «Nosotros, los liberales, estábamos convencidos de que ganaríamos las elecciones. Sin embargo, la voluntad de Dios ha sido otra —y, tras una pausa, añadió—: Al parecer, hemos sido nosotros, los conservadores, quienes hemos ganado las elecciones». Excluidas de la política organizada, las masas hambrientas solo podían elegir entre la apatía o la violencia. Su apatía permitía a las autoridades locales falsear los resultados sin demasiada oposición. La resistencia violenta era sinónimo de detención, tortura y quizá ejecución. Desde 1876, el electorado estaba formado por hombres mayores de veinticinco años que podían registrarse como votantes pagando un impuesto de veinticinco pesetas sobre el patrimonio o un impuesto de cincuenta pesetas sobre sus actividades económicas. En las elecciones de 1879, 1881, 1884 y 1886, el censo electoral estaba integrado por aproximadamente 850.000 votantes. La introducción del sufragio masculino universal en 1890 hizo aumentar el censo a poco menos de cuatro millones de posibles votantes para las elecciones de 1891, 1893, 1896, 1898, 1899, 1901 y 1903. Al incrementarse el riesgo de que los electores votaran en función de sus inclinaciones particulares, la reforma provocó el aumento de la corrupción electoral en interés de la propiedad.

Sin embargo, el censo electoral tenía poco que ver con un auténtico registro de votantes. El control del poder judicial local facilitaba la supresión de los enemigos y la adición de los amigos. En 1879, el 40 por ciento de los que votaron en Barcelona eran funcionarios del Gobierno cuyos puestos de trabajo dependían del sentido de su voto. En 1881, en Valencia, el 75 por ciento de los que votaron no tenían derecho a hacerlo. En 1884, Romero Robledo logró reducir el número de posibles votantes en Madrid de 33.205 a 12.250. El hecho de que los alcaldes fueran nombrados por el Gobierno garantizaba que fueran agentes electorales dispuestos a seguir sus órdenes. Y quienes se negaran a cumplirlas podían ser destituidos u obligados a dimitir bajo la amenaza de multas exorbitantes por delitos inventados o triviales, como no haber contestado a una carta o no haber introducido el sistema métrico.

Todo esto funcionaba mejor en las zonas rurales pobres, sobre todo en Galicia y Andalucía, porque los votos de un electorado pobre y en gran parte analfabeto eran fáciles de falsificar. Por ello, la participación oficial en las elecciones en las zonas rurales se situaba en la increíble cifra de un 80 por ciento. En las ciudades, donde era mucho más difícil aplicar las técnicas del caciquismo, se registraba una participación mucho menor. A medida que avanzaba el siglo, los resultados electorales en las zonas urbanas eran cada vez más los únicos que podían aceptarse como genuinos. Así pues, para neutralizarlos, los ministros del Interior de los partidos dinásticos no tuvieron reparo alguno en recurrir a toda clase de manipulaciones, alterando descaradamente los límites de las circunscripciones electorales urbanas para poder inundarlas con los votos fraudulentos de las zonas rurales circundantes. Esto fue posible mientras las Cortes fueron pequeñas y las circunscripciones, grandes. Incluso entonces, la atrasada Galicia estaba sobrerrepresentada en las Cortes, mientras que la Cataluña industrial estaba dramáticamente infrarrepresentada. Entre 1876 y 1887, solo había 210 diputados a Cortes. A partir de 1891, pasaron a ser 348. A principios del siglo XX, el crecimiento de las ciudades conllevó la entrada en las Cortes de un número cada vez mayor de diputados de partidos no dinásticos e incluso republicanos.

La búsqueda de cargos en la Administración era constante. Las colas de buscadores de cargos que se formaban delante de la casa de Sagasta le obligaban a veces a dormir en un hotel. A las dos semanas de llegar al poder, ya había sustituido a todos los subsecretarios de todos los ministerios, a la práctica totalidad de los directores generales de los ministerios de Marina, de Ultramar, de Hacienda y de Fomento, a siete del Ministerio de Gobernación y cuatro del Ministerio de Guerra, a 47 gobernadores civiles, al presidente del Tribunal Supremo y a tres de los ocho capitanes generales de las regiones militares. El experto en fraude electoral de Sagasta, Venancio González, emuló a Romero Robledo y organizó una mayoría absoluta liberal en las elecciones de finales de verano de 1881, cuya consecuencia inmediata fue, en el ámbito provincial y municipal, el despido de multitud de burócratas.

Durante los gobiernos de Cánovas, los casinos de juego eran ilegales, pero se les permitía funcionar siempre que pagasen la mordida correspondiente. En Madrid, por ejemplo, cada casino pagaba 35.000 pesetas al gobernador civil, el marqués de Heredia Spínola. Teóricamente, el dinero era para obras benéficas, pero no se auditaba. El sucesor del marqués en el cargo, el conde de Xiquena, intentó cerrar los casinos, pero los propietarios organizaron una campaña de atentados con explosivos en junio de 1881 que hirió gravemente a varios niños. Más tarde, Xiquena alegó que Romero Robledo había sido uno de los beneficiarios de los sobornos que pagaban los empresarios del juego, pero se vio obligado a retirar la acusación cuando Cánovas amenazó con paralizar las Cortes mediante el abandono del hemiciclo del Partido Conservador.

Ante la ausencia de reformas de calado durante los gobiernos liberales, la oposición de la clase obrera al sistema fue en aumento. La sección española de la Primera Internacional, la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), comenzó a organizarse públicamente. Pronto tuvo 57.000 miembros, concentrados sobre todo en Andalucía y Cataluña, pero se mostró dividida en cuanto a la eficacia relativa de las huelgas o el terrorismo. El núcleo del movimiento socialista, la Asociación del Arte de Imprimir, fue ganando terreno gracias al éxito de la huelga de tipógrafos de 1882. En enero de 1884, Alfonso XII mandó regresar a Cánovas, cuyo ministro de la Gobernación, Romero Robledo, supervisó unas elecciones particularmente corruptas el 27 de abril de 1884 y obtuvo una mayoría conservadora de 295 escaños frente a 90 de la oposición. El Gobierno de Cánovas se enfrentó a numerosos problemas: la subversión militar, la inquietud por las actividades de la presunta sociedad secreta llamada «Mano Negra», una epidemia de cólera, los disturbios en Cuba y el hecho de que el rey se encontrara cada vez más débil a causa de una tuberculosis galopante. Lo cierto es que el monarca no se cuidaba y ni siquiera llevaba ropa de abrigo cuando salía de caza con mal tiempo.

Con el apoyo de una mayoría tan avasalladora, la respuesta instintiva del nuevo gabinete a gran parte de los problemas fue reaccionaria. El propio Cánovas demostró una arrogancia insoportable. La situación cubana se vio agravada por el nuevo ministro de Ultramar, Manuel Aguirre de Tejada, que se negó a contemplar la abolición de la esclavitud, algo a lo que no eran ajenos los intereses de Romero Robledo, que era yerno del fabulosamente rico magnate del azúcar Julián de Zulueta y Amondo. El vasco Zulueta, apodado «el príncipe de los esclavistas», tenía enormes plantaciones y tres ingenios azucareros en Cuba y otros en Álava.Esa conexión explica por qué Romero Robledo aspiraría más tarde, en noviembre de 1891, a la cartera de Ultramar. Poco después de las elecciones de 1884, una algarada republicana de poca monta en Santa Coloma de Farners (Gerona) fue reprimida sin dificultad. Sin embargo, cuando los consejos de guerra subsiguientes no condenaron a muerte a los dos cabecillas, un comandante y un capitán, el Gobierno los mandó fusilar de todos modos, pese a las protestas generalizadas, incluso del rey. El 20 de noviembre de 1884, una manifestación estudiantil de apoyo a un profesor, al que habían excomulgado por pronunciar un discurso a favor de las teorías de Charles Darwin, fue reprimida con cierta contundencia por la Guardia Civil. La Nochebuena de 1884, en Andalucía, una serie de terremotos dejó a miles de personas sin hogar, muchas de las cuales murieron de frío y otras por la epidemia de cólera. Tras visitar las zonas afectadas, el rey se mostró muy molesto por las muestras de negligencia institucional que había presenciado y, desoyendo los consejos del presidente del Gobierno, visitó los focos de la epidemia de cólera.

Alfonso XII se quejó al legado alemán de que Cánovas «sabe todo, decide todo, interfiere en todo, incluso en las materias militares, en la cual no hay nada que se tenga en cuenta en las opiniones y los deseos del monarca». Creía que Cánovas, en lugar de invertir en la necesaria modernización del armamento del Ejército, destinaba los recursos a fortificar los puertos, porque de la construcción era más fácil sacar tajada. El 25 de noviembre de 1885 murió Alfonso XII, a los 27 años. Al parecer, Cánovas se había enterado de la gravedad del estado del rey por su médico, quien le había dicho que un clima más cálido probablemente prolongaría la vida del monarca. Sin embargo, Cánovas obligó al médico a jurar que mantendría en secreto la noticia de la debilidad del rey para no inflamar el movimiento republicano.La esposa del difunto, María Cristina, se convirtió en regente y al cabo de unos meses dio a luz a un hijo póstumo, el futuro Alfonso XIII. Para garantizar que el sistema creado por Cánovas perdurara, los dos líderes de los partidos dinásticos se reunieron en el Palacio del Pardo y firmaron un pacto que consolidaba el turnismo.

En el sur, el hambre de tierras acrecentaba unas ansias cada vez más desesperadas de cambio, sobre todo debido a la influencia creciente del anarquismo en los jornaleros andaluces. Esto se debe en parte al hecho de que, en noviembre de 1868, Giuseppe Fanelli, un discípulo italiano del anarquista ruso Mijaíl Bakunin, había sido enviado a España por la Primera Internacional. Su oratoria encontró un campo abonado y pronto inspiró a sus propios evangelistas a predicar el anarquismo por los pueblos. Parte del mensaje era que el alcoholismo, el trato con prostitutas y el juego eran degradantes. Pero, además de defender la moderación en las costumbres, Fanelli también sostenía que había que conquistar la justicia y la igualdad mediante la acción directa, una idea que encontró amplio eco entre los braceros hambrientos y dio un nuevo sentido y esperanza a las sublevaciones de campesinos, de carácter esporádico hasta la fecha. Los conversos entusiastas de Fanelli participaron en brotes puntuales de violencia, quemas de cultivos y huelgas. Sin embargo, por culpa de su deficiente organización, estos arrebatos revolucionarios eran fáciles de aplastar y alternaban con épocas de apatía.

Al comentar, en 1910, por qué tardaba tanto en prender el fuego de la revolución, Rafael Shaw escribió:

La sumisión paciente del jornalero a condiciones que cree inalterables se debe, en parte, a trescientos años de gobierno corrupto, durante los cuales lo han exprimido constantemente para que proporcionara dinero para las guerras, lujos y diversiones de las clases gobernantes; en parte también, al terror de la Inquisición y la tradición de silencio que dejó tras de sí; en parte, al fatalismo oriental; pero a lo que, sin duda, no se debe es a la indiferencia y la estupidez animales a las que la atribuyen sus «superiores». El campesino se abstiene de quejarse abiertamente, no porque esté contento y no tenga nada de qué quejarse, sino porque una larga experiencia le ha enseñado lo inútil y peligroso que es protestar. Puede ofender a quien le proporciona empleo y perderlo o, peor aún, puede ofender a la Iglesia y a los jesuitas, en cuyo caso será un hombre marcado, y nunca más podrá tener esperanzas de conseguir un puesto de trabajo permanente.

Otro elemento que explica la falta de protestas contra la impunidad con que la corrupción dominaba el sistema político era el hecho de que, a principios del siglo XX, alrededor del 75 por ciento de la población era analfabeta. Miles de pueblos carecían de escuela. Incluso en Madrid y Barcelona, había menos de la mitad de las escuelas que exigía la ley. Y donde las había, la asistencia no era obligatoria y los maestros estaban mal pagados hasta el punto de que, a menudo, no tenían ningún tipo de remuneración. En el Ejército, se enseñaba una rudimentaria alfabetización. Al principio, el hambre y la injusticia habían encontrado a sus adalides en los bandoleros por los que el sur era famoso, pero los jornaleros no tardaron en hallar formas de rebelión más refinadas. Cuando se producían los inevitables estallidos de protestas de la mayoría no representada, los reprimían con violencia las fuerzas del orden, la Guardia Civil y, en momentos de mayor tensión, el Ejército.

Los propietarios de los latifundios, que no estaban dispuestos a utilizar abonos químicos ni a emprender costosos planes de regadío, preferían obtener la mayor parte de sus ganancias de la explotación de las ingentes multitudes de obreros del campo sin tierra: los braceros y los jornalero …

Paul Preston
Paul Preston. Foto: Cortesía

Paul Preston (Liverpool, 1946) es catedrático de historia contemporánea española y director del Centro Cañada Blanch para el estudio de la España contemporánea de la London School of Economics & Political Science.

Educado en Liverpool y en la Universidad de Oxford, de 1973 a 1991 fue sucesivamente profesor de historia en la Universidad de Reading; en el Centro de Estudios Mediterráneos, en Roma; y en el Queen Mary College de la Universidad de Londres, donde ganó la cátedra de historia contemporánea en 1985. En 1991 pasó a la London School. Analista de asuntos españoles en radio y televisión tanto en Gran Bretaña como en España, colaborador de diversos periódicos y revistas, entre sus libros destacan España en crisis: evolución y decadencia del régimen franquista (1978), La destrucción de la democracia en España (1978), El triunfo de la democracia en España (1986), Franco, Caudillo de España (1994), La política de la venganza: el fascismo y el militarismo en la España del siglo XX (1997), Palomas de guerra (2001), la edición actualizada de La Guerra Civil Española (2006), Idealistas bajo las balas (2007), El holocausto español (2011), la edición actualizada de Juan Carlos. Rey de un pueblo (2012), El zorro rojo. La vida de Santiago Carrillo (2013) y El final de la guerra (2014).

En 1986 le fue otorgada la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, y en 2007 la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. En 1994 fue elegido miembro de la Academia Británica, y en 2006 miembro de la Academia Europea de Yuste, con la cátedra Marcel Proust. En 1998 ganó el I Premio Así Fue con su obra Las tres Españas del 36, que fue un gran éxito de crítica y público; y en 2006 le otorgaron el Premio Trías Fargas con el ensayo Idealistas bajo las balas que trata sobre los corresponsales extranjeros durante la Guerra Civil.

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