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MANUSCRITOS DE LA CIUDAD REPTIL | ¿De qué sirve la firma en un mundo que no es honorable?

Es posible incluso que la escritura misma, el lenguaje gráfico, diera inicio por la necesidad de generar este tipo de marcas de respaldo, al acuñar signos que sirvieran para representar a una persona o a una comunidad en su rol de emisora, poseedora o declaradora de una intención, un trato, una alianza, un convenio, un estatuto, una amenaza…

Ciudad de México, 14 de mayo (MaremotoM).- Se piensa o se dice que hubo un tiempo en que existía “la palabra” y que nada era más importante que defenderla; se hacía valer por sí misma y, en consecuencia, se respetaba una suerte de honor caballeresco, un tipo de valor supremo que suponía un elevado signo de civilidad. Además, dicho “código de honor” quizás  funcionaba a su vez como un aval que autorizaba, en caso de no respaldarse, el proceder a dinámicas ulteriores –a pesar de que éstas rondaran la frontera entre civilización y barbarie– tales como llevar a cabo un duelo o, más directamente, un asesinato (y éste último, además, podía dar pie a una cadena de vendettas).

Tal vez en el pasado era habitual el “jurar” por los hijos, por los antepasados o por los dioses, al momento de buscar credibilidad sobre una afirmación, de viva voz y acompañada de algún gesto con las manos o los dedos. Pero cuando dicho juramento debía “trasladarse” y era imposible que el emisor respaldara tal declaración con su presencia, se convencionalizó el sustituirla por algún objeto o signo considerado igual de válido. Tal vez la persona o comunidad pusiera una marca con su sangre, mandara una ristra de cabellos, algún collar o estatuilla, enviara a un hijo o sirviente como respaldo o bien se comprometiera a afrontar el ataque de un grupo o un ejército (oficial o clandestino) de no cumplir con el trato.

Es posible incluso que la escritura misma, el lenguaje gráfico, diera inicio por la necesidad de generar este tipo de marcas de respaldo, al acuñar signos que sirvieran para representar a una persona o a una comunidad en su rol de emisora, poseedora o declaradora de una intención, un trato, una alianza, un convenio, un estatuto, una amenaza…

El demonio necesita que el convenio se firme con sangre

En las leyendas de pactos con el diablo, la sangre suele ser un elemento indispensable: se consagran niños en sacrificio, se degüellan animales, se hacen cortes o marcas; por alguna razón simbólica, los protocolos y los rituales para cerrar el contrato con el maligno o con sus “espíritus corporativos” involucran dicho fluido vital (y a veces incluso algunas otras secreciones corporales).

En la antigüedad, ciertas comarcas acordaban también que los pactos se sellaran con sangre, cuya rúbrica implicaba que se había de poner unas gotas junto al texto escrito. Los emperadores, quizás para evitar cortarse o para no mostrar los verdaderos atributos de su sangre (no azulada), solían usar sellos o anillos para marcar los decretos o comunicados, a modo de firma –si bien más difícil de falsificar–, con el fin de otorgar mayor credibilidad y autoridad al documento.

Como las civilizaciones y las dinámicas del poder cambian, hoy día se considera suficiente con que los sujetos en sociedad firmen con un líquido sustituto: la tinta. Los animales y los niños no están obligados (todavía) a firmar, ya que, según los adultos, son menos responsables de sus actos. Y, hasta hace unas décadas, en algunos países las mujeres casadas tampoco podían firmar con su apellido de solteras (necesitaban, por ejemplo, el permiso del marido para sacar su licencia de manejo o su pasaporte), pues sus derechos legales eran limitados fuera del ámbito del hogar.

En nuestra era científica, los avances que permiten decodificar la información contenida en el genoma de los individuos han llevado a valorar la información biométrica cada vez más detalladamente. En un futuro cercano, quizás, nuestros garabatos con tinta y nuestra palabra de honor (devaluada o no) ya no van a ser “suficientes” para garantizar que hayamos sido nosotros los que pactáramos algo, y tal vez nos obliguen de nuevo a firmar con sangre ante ciertas instancias infernales.

En un caso más drástico, si un régimen de tipo totalitario se vinculara a un estado tecno-científico, tal vez ya no fuera necesario firmar; los algoritmos determinarían qué tendrían que hacer los seres o entidades, prescindiendo de los contratos para testimoniar su consentimiento. Asimismo, se perderían también los nombres, apellidos, credenciales, diplomas y todo tipo de representación jurídica.

Por el momento, firme usted (si quiere seguir viviendo en sociedad)

Se dice que hay un pacto, denominado “contrato social”, por virtud del cual las personas, de algún modo que nos trasciende, han acordado vivir en convivencia, si bien difícilmente haya registros explícitos o firmas que corroboren individual o colectivamente el “acuerdo fundacional”, aunque eso sí –y he allí lo tramposo–: se aseguran de que siempre haya anales por escrito de un cúmulo de leyes a seguir. En algunas mitologías, las primeras reglas para el comportamiento humano solían ser prescritas directamente por los dioses; esto, por qué no, expresa la metáfora de que “el bien común es algo trascendental”, excepto que, en tal narrativa, dichas reglas suelen aparecer detalladamente y de manera puntual, incluso a veces acompañadas de un catálogo de amenazas celestiales que podría provocar su desacato.

Las fuerzas que hacen valer dichas reglas, impuestas o modificadas a conveniencia por el grupo en el poder o sus alianzas, velan por conservar dicho orden establecido, siquiera provisionalmente. A esto se le suele llamar lo conservador (y no es que el “orden” sea malo en sí mismo, pero sí lo es el hecho de que sea impuesto prepotentemente y que se ejerza con desequilibrio y de manera no equitativa).

Ejércitos, milicias, policías, brigadas, jueces, censores, son algunos de los roles sociales de las personas encargadas de imponer el peso de la ley (aquella que supuestamente avale el pacto de ese “contrato social” por el que se pretende vivir en civilización y no en ciclos de barbarie). Lo ideal sería que dichas autoridades impusieran las leyes por igual a todas las personas de la sociedad en la que se suscribe tal pacto; de otra manera, ¿por qué habrían de seguir aceptándose como válidas?

En una entrevista que le hicieron a Jean-Paul Sartre en 1979, le solicitaron que precisara por qué se había declarado anarquista; el pensador francés comentó que (aquí sólo un fragmento de la respuesta):

“En las sociedades actuales el hombre es considerado como un objeto, como un medio, y la riqueza, como un fin. De lo que se trata (con el anarquismo) es de construir grupos que intenten vivir y pensar fuera del poder, y procuran destruir la idea de poder en el vecino. Comunidades que tienen poder sobre las cosas, pero jamás sobre los hombres. Ahora bien, nosotros mismos no esperamos ver la desaparición del Estado, no más que nuestros hijos; tal vez nuestros biznietos verán desaparecer el Estado. La cuestión es, pues, saber cómo debe vivir hoy un anarquista. En este sentido, la anarquía es para mí una vida moral; (a este propósito, yo añadiría que no he escrito sino libros de moral). El anarquista se plantea, pues, la cuestión: ¿cómo vivir en una sociedad que tiene poderes? Es preciso, pues, ensayar sustraerse lo más posible a todos los poderes sociales, es preciso poner en cuestión las formas de acción del poder que podemos descubrir en nosotros mismos”.

Incluso en sociedades de narrativa democrática, el poder también se filtra en aquellas obligaciones que requieren la firma de los individuos para expresar un “consentimiento” que algunas veces es impuesto por la necesidad y el contexto (lo que, según una perspectiva “metalegal”, invalidaría el sentido de dicha firma y de dicho contrato).

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Algunos pensadores han acotado que, semántica y pragmáticamente, hay un nexo entre ley y apropiación. El estado mismo, su “contrato social”, nació como una forma autolegitimizada de apropiación. La administración y gestión del estado, pues, ha desembocado en la conducción de los sujetos desde una perspectiva económica. Y como las leyes del mercado (del intercambio) se han impuesto sobre la política, el compromiso que supone una firma adquiere a ratos tintes maquiavélicos. Y hablando de Maquiavelo, éste formuló aquella posibilidad –para los príncipes débiles– de recurrir a la astucia más que a la fuerza “y no ser esclavo de su palabra, sino de su conveniencia”. Soluciones así, en las que el fin justifica los medios, terminan respaldando acciones inmorales. Y ya sabemos qué ocurre cuando el poder y la ausencia de ética conviven en una sociedad.

La acción de firmar, por más libre que se piense, además del legal ha adquirido un carácter obligatorio. Falsificar una firma es un delito en la mayoría de los códigos penales. Por otro lado, se da por hecho que con alcanzar la adultez (18-21 años) se está habilitado intrínsecamente para comprometerse con un mensaje del cual quizás no se tenga siquiera la capacidad para descifrar.

¿Qué pasa con las personas que no saben escribir o que no tienen dinero para contratar un asesor (lector y legal)? ¿Cómo expresan de manera gráfica su identidad e intención? En el pasado reciente, o en lugares con porcentaje alto de analfabetas, solía pedírseles una “X”, más tarde la huella digital, quizás más adelante una “firma electrónica automatizada”, una gota de sangre… obviamente, la coerción se mantiene sobre el sujeto que ha de pactar; mas, si es analfabeta –literal o funcionalmente– ¿cómo puede éste exigir un respaldo recíproco? ¿Cómo puede estar seguro de que el abogado, banquero, notario, médico, patrón, comerciante o mecanismo que le “lea” o le “explique” el contrato o documento no está omitiendo o tergiversando información que después lo comprometa legalmente?

Y este tipo de omisión o de información rebuscada no se limita a los analfabetos, a los rústicos o a los salvajes. Hoy día, sin ir tan lejos, para llevar a cabo algún “trámite rápido y sencillo” –como anuncian en las publicidades– con frecuencia nos vemos obligados a firmar documentos redactados profusa y retóricamente –que ni tenemos tiempo de leer y que no podríamos desentrañar del todo sin asesoría legal– para obtener cualquier producto o servicio (incluso “gratuito”) que nos apremie o que se nos esté exigiendo. Recuerde usted cuántas veces ha “aceptado” con un sólo clic ese tipo de apartados con leyendas, a manera de rúbrica, que muestran frases como “Acepto términos y condiciones” (las cuales, además, se acota que pueden cambiar en cualquier momento).

Los vicios o problemáticas sobre el consentimiento

Se podrán cotejar las firmas, huellas digitales, sangre y genoma para acreditar que alguien estuvo presente en el “acuerdo” del contrato escrito, pero los peritos no se suelen involucrar en pedir una grabación del evento o en rastrear neurológicamente el verdadero consentimiento de la persona firmante (esto es, aquel individuo que se sienta en una sala de espera y que luego va cambiando de silla según lo vayan despachando de manera casi coercitiva). Pero, a todo esto, ¿cómo tal individuo puede obtener, a cambio, el equivalente a una huella digital, sangre o genoma de una empresa, como aval de lo que ésta se ha comprometido a cumplir?

¿Qué puede legalmente respaldar a un individuo en sí mismo, sin necesidad de acudir a un “intermediario” para su defensa? En la manera como se maneja un sistema, al parecer lo único que un individuo puede hacer para contrarrestar la falta de palabra, la injusticia o la traición de una entidad mayor es ejercer contra ella algún tipo de violencia (la que, además de extenuante, desde la perspectiva de otras leyes firmadas por sepa quién, termina clasificándose como acción ilegal que lo “confirma” como culpable, siquiera de ese desesperado acto de revancha).

¿Se puede un individuo amparar para no tener que firmar nunca?

Si la justicia no vela para que el contrato social sea respetado imparcialmente, si las corporaciones que cometen algún fraude (desorbitado, además) son multadas solamente en un porcentaje minúsculo en relación a su poder y riqueza financiera –no digamos ya enjuiciar y encarcelar a los responsables y clausurar el corporativo– y ello no ocurre en la misma proporción con los individuos, ¿estos pueden abogar por un amparo colectivo (o como se diga), de carácter perpetuo, que los libere del requisito de tener que firmar ante una “persona moral” –¡vaya término!– que claramente establece una relación muy desigual en términos de riesgo y castigo?

¿Y cómo puede un individuo abogar por dicho amparo sin tener que recurrir a intermediarios que, invariablemente –explícita o implícitamente–, resultan cómplices o se hayan enredados de oficio en un mismo entramado legal?

Y, por último, ¿cuál sería la respuesta del sistema? De manera cada vez más automatizada, seguramente algo semejante a lo que aparece en el cuadro de “diálogo” de cualquier interfaz: “Sus opciones para continuar son: , no, o cancelar”.

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